Foto: Juvenal Balán

La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo. Aunque la explotación sexual es la más conocida de sus variantes, las víctimas –en su mayoría mujeres y niños– en ocasiones son utilizadas para el trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Cuba no está ajena a este problema.

Entre el 2012 y el 2015, del total de casos procesados por el delito de proxenetismo y corrupción de menores en Cuba, 46 estuvieron relacionados con conductas propias de trata de personas, informaron funcionarios en la segunda jornada de trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional.

Aunque el flagelo no es considerado un problema representativo de nuestra sociedad, «no podemos ignorarlo», enfatizó la Doctora Isabel Moya, directora de la Editorial de la Mujer, durante el debate de la comisión de Atención a la juventud, la niñez y la igualdad de derechos de la mujer.

Desde el 2013 «las autoridades cubanas brindan seguimiento a informaciones que señalan la existencia de presuntos casos de trata de jóvenes cubanas en el exterior», añadió.

De acuerdo con informes, en nuestro país no es común el empleo de la amenaza, la coacción u otras formas de intimidación para desarrollar este delito. «La realidad cubana difiere de otras naciones, donde la explotación sexual de adultos, niñas y niños está asociada a redes criminales organizadas», añadió la especialista.

Se ha identificado a un grupo de cubanos que viajan o radican en el exterior vinculados con extranjeros, «que se dedican –añadió– a la captación y traslado de las víctimas bajo falsas promesas de contratos de trabajo».

En el proceso de captación de las víctimas, principalmente jóvenes, los organizadores de forma directa o a través de sus vínculos en el territorio nacional, promueven falsas ofertas laborales con mejoras económicas –manicure, camarera o bailarinas– para lo cual se encargan de gestionar cartas de invitación u otros documentos migratorios.

Ante esta realidad, la Federación de Mujeres Cubanas, de conjunto con organismos, instituciones de la sociedad civil, entre otros, desarrollará un plan de acción a lo largo del próximo año para enfrentar el delito y proteger a niños, niñas y adolescentes contra la venta, prostitución, utilización en la pornografía, trata y otras formas de abuso sexual, dijo Isabel Moya.

«Aunque las cifras de casos no son significativas, es vital alertar y capacitar a nuestra sociedad sobre la trata de mujeres para elevar la percepción de riesgo. La gente tiene que estar preparada para no caer en manos de personas inescrupulosas», concluyó.

Para Yusimí González, diputada de Cienfuegos, aunque el flagelo no es visible y hay mucha confusión sobre las consecuencias, debemos unir estrategias para que las familias reconozcan que está ocurriendo y que son los jóvenes los más vulnerables.

PROTECCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN CUBA

La protección de los niños y niñas en Cuba fue otro de los temas debatidos durante la segunda jornada de sesiones.

Para Juan Antonio Quintanilla Roma, jefe del departamento de Asuntos Socio-humanitarios y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, «Cuba tiene mecanismos para garantizar la protección de los derechos del niño».

En los últimos años hemos fortalecido el respeto de las opiniones de los niños en los procesos administrativos y judiciales, y sus intereses superiores están debidamente integrados en la legislación nacional. Los castigos corporales no están permitidos en la Ley ni en las normas de jerarquía, ni en la práctica familiar o escolar, y no son tolerados socialmente, principios que permiten avanzar aún más en los derechos del niño, comentó.

Sin embargo, no podemos decir que todo está logrado, resaltó Reinier Bernal, diputado de la provincia Granma. «Debemos potenciar en nuestras comunidades la labor de prevención e identificación de los principales problemas de los menores que vulneran su protección», añadió.

Rosmeris Santiesteban, diputada de la misma provincia, resaltó los esfuerzos del país por garantizar que los derechos de los niños sean inviolables, pero recomendó que «se socialicen las recomendaciones de organismos internacionales vinculados a la Unicef, en todos los territorios del país para enriquecer aún más el trabajo de prevención en las comunidades».

«Tenemos que seguir perfeccionando lo logrado y continuar promoviendo el conocimiento jurídico de nuestra sociedad, para que no ocurran violaciones de los derechos de los niños y las niñas. Tenemos la estructura, capacitación y mecanismos de divulgación necesarios para hacerlo», concluyó la ministra de Justicia, María Esther Reus.

Fuente: Periódico Granma