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Con el fin de fertilizar el terreno para las transformaciones que la actualización del modelo económico de Cuba demanda, la nación trabaja en el diseño de normas jurídicas.

 

Ese es el caso, por ejemplo, de las recientes regulaciones aprobadas por el Consejo de Ministros que, en su Decreto-Ley 358/18, ofrece más garantías y beneficios para la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas.

Según dio a conocer oportunamente el director jurídico del Ministerio de Agricultura Orlando Díaz, la normativa busca 'estimular la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral en el sector y asentamiento familiar definitivo'.

Las regulaciones también favorecen la optimización en el uso de la tierra, en aras de desarrollar la producción agropecuaria y forestal del país, abundó Díaz.

Además de duplicar la superficie de tierra máxima a entregar en usufructo a personas naturales que lo solicitan por primera vez (antes era de 13,42 hectáreas), la norma permite a los usufructuarios vincularse a las empresas agropecuarias, azucareras o forestales.

Resultante del estudio de la aplicación de la política de entrega de tierras ociosas implementada una década atrás, el nuevo marco jurídico dispone, como una de las garantías más significativas, la extensión hasta 20 años -antes eran 10- del periodo señalado para el usufructo en el caso de las personas naturales.

Establece, igualmente, el aumento del área para la construcción o ampliación de bienhechurías hasta el tres por ciento del total de la tierra entregada, cuando antaño era de solo uno por ciento.

La norma, que entrará en vigor durante los primeros días de octubre, incluye la autorización a personas naturales de entrega de áreas ociosas para la ganadería comercial, en actividades de cría y ceba.

El sistema geológico cubano, por su parte, es otro de los sectores que actualizó recientemente su política normativa en pos de favorecer la práctica minera en el país, uno de los más importantes rubros de la economía. A juicio del director de Geología del Ministerio de Energía y Minas, Enrique Castellanos, el Decreto 345 mejora el aspecto organizativo dentro de esta esfera, lo que beneficiará de manera directa diversos ámbitos de la economía nacional.

Uno de los aportes más notables de la normativa es la creación del Consejo Nacional de Geología que, según consideró el funcionario, al ser el ente rector de la actividad, contribuirá con su gestión a evitar gastos económicos excesivos y a mejorar las prioridades en cuanto a la distribución del financiamiento.

Estas normas jurídicas, sin precedentes en dicho ámbito, devienen herramienta pertinente ante el incremento notable en los niveles de actividad geológica en el país que, para 2019, proyecta 26 trabajos de búsqueda y evaluación de recursos minerales con vistas a la obtención de caliza, arena, arcillas, mármol, oro y magnesita, opinó Castellanos.

La regulación, que entró en vigor el pasado 20 de agosto, también refrenda la soberanía del suelo cubano y la explotación de sus recursos minerales al establecer que corresponde al ministro de Energía y Minas la determinación sobre las necesidades y la aprobación del plan por objetivos cada año en esta esfera.

Otro de los ámbitos que busca perfeccionar su desempeño según se desprende de su más reciente normativa jurídica, es el comercio exterior cubano.

En función de dinamizar la aprobación de los proyectos de inversión con capital foráneo, las normas complementarias de la Ley No. 118 de Inversión Extranjera fueron modificadas, según divulgó el Ministerio de Comercio Exterior (Mincex).

De acuerdo a declaraciones recientes de la directora de Comercio Exterior del Mincex, Deborah Rivas, las nuevas regulaciones (un decreto y tres resoluciones), permiten la presentación de un estudio de prefactibilidad, lo que acelera el proceso de evaluación del expediente por el organismo rector para su posterior aprobación.

Antiguamente, mencionó la funcionaria, la norma demandaba la elaboración de un estudio de factibilidad terminado con varios análisis adjuntos a la propuesta.

Rivas remarcó que la agilización de trámites previos a la aceptación de los negocios con inversión extranjera no implica el desconocimiento de ninguno de los requerimientos previstos por la legislación para el desarrollo de la actividad.

Este conjunto de normas, que entra en vigor durante la primera semana de septiembre, perfecciona las bases metodológicas para hacer los estudios y confiere herramientas a las entidades consultoras a fin de elaborar mejor esos estudios de viabilidad, estimó Rivas.

A propósito del comercio exterior, la política que rige el transporte ferroviario resultó actualizada recientemente con cuestiones que persiguen dinamizar su sistema de gestión.

Como reza el Decreto-Ley 348/18 del Consejo de Ministros, y a tono con lo ya dispuesto por la legislación para la inversión extranjera, el ferrocarril podrá 'ser explotado en parte o en su totalidad por operadores naturales o jurídicos lo mismo en calidad de nacionales que extranjeros'.

Según declaraciones del asesor jurídico del Ministerio del Transporte, Edmundo Ronquillo, el nuevo marco regulatorio autoriza para el ejercicio de la actividad a personas naturales como operador ferroviario en la modalidad de trabajador por cuenta propia.

Dicha variante, agregó la fuente, se prevé dentro de la licencia para el transporte de carga y pasajeros cuyo tránsito será en líneas férreas de tercera y cuarta categorías.

Asimismo, para la gestión o concesión dentro del sistema de ferrocarriles, la propuesta dispondrá de datos básicos como estudio de factibilidad; capacidad económica, financiera y legal de la persona jurídica o natural e identificación de las vías férreas, accesos ferroviarios, material rodante e instalaciones que se pretenda gestionar, entre otros requisitos.

Con entrada en vigor para el próximo 22 de septiembre, la normativa persigue, a juicio de fuentes ministeriales, apuntalar el programa de desarrollo de este sector hasta el año 2030 que incluye la modernización de la infraestructura con todo su componente y el material rodante.

En la Gaceta Oficial de Cuba, diferentes organismos divulgaron normas que actualizan sus procedimientos, ejemplo elocuente del ordenamiento jurídico en el que la isla se encuentra inmersa.

Además del sector agrícola, ferroviario y geológico, otras regulaciones asociadas a la propiedad industrial y al trabajo por cuenta propia también han sido emitidas en semanas recientes.

Teniendo en cuenta las peculiaridades del país, las experiencias arrojadas por la práctica, la necesidad de eliminar la dispersión legislativa y también apelando al ahorro, a la optimización de los recursos y al incremento de la productividad, la nación busca ordenar su marco legal en todas aquellas esferas que impactan en los sectores productivos.

Y, a la par de la actualización de las normas que atañen al ámbito socioeconómico, la más grande de todas las modificaciones que repercutirá en el futuro del país es la que contiene el Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

En un gigante ejercicio de democracia, los cubanos discutirán hasta noviembre acerca de los cimientos sobre los que se edificará la Cuba futura, acorde a los principios de un socialismo próspero.

*Periodista de la Redacción de Economía de Prensa Latina.

Fuente: Cubasí

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