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Desde octubre de 2010, cuando se inició el nuevo proceso de ampliación del trabajo en el sector no estatal en el país, hasta mayo de este año, 504 613 personas han optado por esta nueva forma de empleo, lo que evidencia su aceptación, según muestra un informe sobre el proceso de su implementación, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El documento, divulgado por el diario Juventud Rebelde, destaca que del total de personas autorizadas a ejercer la actividad 155 605 son jóvenes y 154 756 son mujeres.

Ambos sectores representan el 31 por ciento de los ocupados en esas actividades, mientras 83 538 (el 17 por ciento) son además trabajadores que simultanean su empleo estatal con la iniciativa privada, y 62 043 son jubilados (el 12 por ciento).

El número de jóvenes que habían optado por esta opción de febrero a mayo creció en 7 912, lo que muestra que sigue siendo una importante opción de empleo, la cual ha sido favorecida por medidas adoptadas en los últimos años con el propósito de continuar su perfeccionamiento y flexibilización.

Según el informe, las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba se mantienen como las que más personas ocupan en esas actividades, con el 66 por ciento de los incorporados.
Igualmente sobresale que las actividades más representativas continúan siendo la elaboración y venta de alimentos, transporte de carga y pasajeros, arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, agente de telecomunicaciones y los trabajadores contratados, estos últimos asociados en lo fundamental a las dos primeras actividades.

Comentarios   

0 #1 ram pla 18-06-2015 19:24
es algo contradictorio que el país, en su máxima dirección, apoye y promueva el trabajo por cuenta propia, y en nuestra provincia se le ponga tantas trabas a este sector al tratar de establecer relaciones contractuales con entidades estatales, al punto de que, según me dijeron en una entidad a la que fui a promocionar mis servicios de Mecanógrafo, una funcionaria del Gobierno en la provincia había emitido una Resolución que prohíbia que las Empresas de subordinación regional contrataran los servicios de particulares a menos que estas tengan un documento que avale que dichos servicios no los presta ninguna entidad estatal.
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