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maria esther reusMaría Esther Reus, ministra de Justicia

El Ministerio de Justicia (MINJUS) avanzó en el año recién concluido en la implementación de los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) con el objetivo de perfeccionar su quehacer.

Según María Esther Reus, ministra de Justicia, en 2016 iniciaron el perfeccionamiento de los Registros Públicos, actividad que dada  su complejidad deberá concluir en 2018 con la integración de todos ellos.

 

Entre los propósitos del sector, anunció Reus, está el de acortar los trámites de la población ante esas oficinas y simplificar de manera significativa la subsanación de errores, algo que en estos momentos ocupaba de manera intensa al Registro del Estado Civil.

 

En tal sentido, dijo, trabajarían en la conectividad de los 80 registros de los estados civiles sin ese servicio  y en el desarrollo del sistema informático SIREC, lo cual posibilitará eliminar la compleja alternativa telefónica.

 

En esa ocasión la ministra afirmó que  muchos de los actuales problemas estaban vinculados al incremento de certificaciones, en buena medida por las innecesarias solicitudes de algunos organismos para determinados actos administrativos cuyos datos están plasmados en el Carné de Identidad.

 

Este reordenamiento busca  que sólo se soliciten certificaciones que requieran acreditar otros datos no recogidos en el documento de identidad personal, como es parentesco, nombres y apellidos correctos, entre otros, acotó Reus.

 

Durante 2016, informó, avanzarían además en el  perfeccionamiento del funcionamiento de los Registros del Estado Civil y el procedimiento de subsanación de error;  la Reducción de los términos para la prestación de los servicios a la población y el completamiento de la conectividad del sistema registral, entre otros objetivos.   

 
La entrada en vigor a partir del 4 de enero de 2016 de la Resolución 250/15 que regula los términos notariales, reduce  la cantidad de visitas a la unidad para un mismo asunto y simplifica el proceso a partir de calificaciones previas  y la radicación de un Libro Único, que permitirá controlar el cumplimiento de lo dispuesto.

 

Olga Lidia Pérez Díaz, directora de notarías del MINJUS, dijo a la prensa  que ese texto legal dispuso que más del  85 por ciento de los actos notariales se viabilizaran en un plazo no mayor de 10 días lo cual redunda en la calidad y celeridad de la atención a la población.

 

Además, informó, dispone que menos del 15 por ciento de los trámites se resolverán entre  15 y 20 días, máxima extensión legal autorizada para los de mayor complicación.

 

Según Pérez Díaz  las notarias acogieron con esa resolución nuevos actos de competencia cómo la atención a la formación de las Cooperativas No Agropecuarias, sus modificaciones estatuarias, así como la disolución, liquidación y extinción, si fuera el caso.

 

También, adujo,  la potestad para realizar permutas de viviendas vinculadas o medios básicos entre entidades estatales y entre estas y los particulares.

 

Como parte de esa estrategia de perfeccionamiento, afirmó Francisco García Henríquez, viceministro de Justicia,  aumentó la interconexión entre las 302 oficinas registrales del país y con ello la calidad de los servicios,  en estos momentos trabajan por concluir ese proceso, fundamentalmente en La Habana, territorio más afectado.

 

También, aseveró,  firmaron convenios de trabajo con los organismos de la administración central del estado para avanzar en la implementación del Carné Identidad en los trámites requeridos y eliminar la solicitud indiscriminada de certificaciones innecesarias.

 

Arleidys Rodríguez Rodríguez, directora de Registros Públicos del  MINJUS, informó que después de un minucioso estudio llegaron a la conclusión de que existía una gama de registros muy dispersa que podría agruparse en tres  registros esenciales y 11 de atributos, lo cual simplificará de manera  significativa los trámites de la población y la subsanación de errores, beneficiada ya con las nuevas facultades otorgadas a los registradores y en eso también trabajan.

 

La Ministra de Justicia, y  Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP), firmaron  un Protocolo de Trabajo para fortalecer la seguridad jurídica de los documentos y de los asientos registrales.   

 

Reus González afirmó que la rúbrica, en medio del proceso de perfeccionamiento del sector  jurídico, es necesaria para ajustar la actividad registral a los nuevos escenarios y un paso superior en la búsqueda del objetivo común de facilitar los trámites y servicios a la población.

 

El presidente del  TSP acotó que  el protocolo está destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,  y reconoció que los trámites legales tienen una trascendencia innegable para las personas naturales y jurídicas.

 

Por tal motivo, abundó Remigio Ferro, los individuos involucrados en esos actos requieren de ellos, además  de certeza y seguridad jurídica, agilidad y calidad en la tramitación.  

 

Este protocolo, aseveró,  crea una plataforma de labor capaz de solucionar inconsecuencias y debilidades que todavía subsisten, y acotó que refuerza las relaciones  entre ambas instituciones y establece pautas para la agilización y control de la actividad judicial.

 

La Caja de Resarcimiento, adscripta al MINJUS también dio pasos importantes en la búsqueda de mecanismos que permitieran poner a fin a una larga cadena de impagos y la acumulación de un número importante de víctimas sin poder acceder a la indemnización consecuencia de una sentencia firme de un tribunal de justicia.

 

Al respecto Serapio Guerra Morales, director de la Caja de Resarcimiento, explicó que de conjunto con las direcciones Provinciales de Justicia, la Policía Nacional Revolucionaria y los gobiernos de los territorios dirigirían su accionar hacia los deudores morosos.

 

Nuestro objetivo, afirmó entonces,  es convertir esta modalidad de gestión en una nueva forma de trabajo en la cual la Caja, con el apoyo de  los órganos de enfrentamiento al delito ejerza una presión constante sobre los deudores hasta acabar con los atrasos generados por años de impagos, aseveró Guerra Morales.

 

Esa acción trajo como resultado que más de 13 mil deudores liquidaran completamente sus adeudos y cerca de 50 mil de ellos abonaran una parte, por lo cual se comenzaron a liquidar los atrasos que databan de 2007.

 

Guerra Morales  recalcó que después de casi haber tocado fondo por la falta de recursos, lo  acometido permitió pagarle a  más de dos mil 600 acreedores,  con una cuantía de más de siete millones 300 mil pesos.

 

Asimismo destinar una porción, tal y como establece la ley, a honrar los adeudos a  víctimas de delitos que tengan efecto contra terceros, (dígase viudas o hijos de un fallecido),  informó.

 

Con relación al nocivo impacto que el bloqueo genera en el sector, José Pavón Cruz, director general de la Consultoría Jurídica Internacional del MINJUS, declaró que la guerra económica desatada desde hace más de medio siglo por Estados Unidos obstaculiza los trámites a personas jurídicas y naturales.

 

Refirió que aunque el presidente Barack Obama antes de su visita a Cuba  anunció la autorización del dólar en las transacciones, ellos tuvieron que cancelar más de 300 mil dólares por negocios establecidos  con distintos despachos de abogados de diversas partes del mundo porque estos no pudieron honrar el pago, debido a que operaban en bancos norteamericanos o sus filiales.

 

Además, las distintas firmas se cuidan de registrar en Cuba sus marcas y patentes, por miedo a las medidas o multas extraterritoriales impuestas por la legislación norteamericana.

 

Pavón Cruz explicó que con el tema de la herencia ocurre algo sui generi, pues los abogados norteamericanos autorizados a trabajar los casos en Cuba por el Departamento del Tesoro citan a los interesados para parques o lugares públicos con el fin de que declaren no pertenecer al PCC, ni ser miembros del Gobierno.

 

Qué  legislación, se preguntó el funcionario, ampara a un gobierno para condicione la entrega de la herencia a una persona en correspondencia con su filiación política.


 El Ministerio de Justicia también estuvo representado en la XXV edición de la Feria Internacional del Libro con  12 textos jurídicos, entre esos,  el Compendio de disposiciones de la actividad notarial y del Registro Civil;  la  Metodología e investigación al servicio del Derecho,  y  la Ley de Procedimiento Penal.

 

Igualmente,  la Constitución de la República de Cuba en formato de bolsillo; varios números de la Revista Jurídica; la Ley del Sistema Tributario,  la de Seguridad Social con su Reglamento y los Decretos Ley 302 de Migración y 304 referidos a la contratación Económica, y las leyes 116 Código del Trabajo y 81 de Medio Ambiente.

Fuente: Cubasí