El Congreso colombiano retoma el debate sobre la reglamentación de la Justicia Especial de Paz (JEP), centrada en el derecho de las víctimas del conflicto armado a la justicia y la reparación.

La semana anterior la presentación ante el Senado y la Cámara de un proyecto de ley estatutaria para la implementación de la JEP generó encendidos desencuentros entre los representantes de diferentes bancadas parlamentarias.

El primer cuestionamiento a la iniciativa lo hizo el fiscal general, Humberto Martínez, al presentar sus consideraciones ante las comisiones primeras conjuntas del poder legislativo.

Martínez expresó la necesidad de definir límites de tiempo y de competencia entre la justicia transicional y la jurisdicción ordinaria.

El proyecto de ley encontró, además, el sabido rechazo de la bancada del uribismo y la sorprendente postura de los legisladores del partido Cambio Radical de rehusarse a votar la iniciativa.

Ante el empedrado trámite legislativo para encauzar la JEP, el presidente Juan Manuel Santos expidió un decreto el pasado viernes que permitirá a los magistrados del Tribunal de Paz algunas labores sin esperar la aprobación de la referida norma en el Congreso.

El principal objetivo de la JEP, tal como quedó pactado entre el gobierno y las FARC, es cumplir con el deber de investigar, esclarecer y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en el contexto y en razón del conflicto armado.

Se busca de ese modo satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana y contribuir a la reparación de las víctimas y a la lucha contra la impunidad.