Karina Dávila tiene 19 años. Con apenas tres cruzó a pie junto a sus padres la frontera que separa a México de Estados Unidos. Hoy, es una de los cientos de miles de jóvenes que viven con la angustia de poder ser deportados en cualquier momento.

Ella es una de las beneficiarias del programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que firmó en el 2012 el entonces presidente estadounidense Barack Obama, para proteger temporalmente de la deportación a los llamados dreamers, que a partir de entonces pudieron obtener permisos de trabajo y estudio.

El término dreamers (que en español significa soñadores), se utiliza como referencia a la Dream Act, un proyecto de ley que ha estado rodando desde el 2001 en el Congreso para resolver definitivamente la situación de esos jóvenes y garantizarles un camino hacia la ciudadanía.

Después de varios intentos fallidos de pasar ese proyecto en el Capitolio, Obama utilizó sus prerrogativas ejecutivas para intentar hallar una solución temporal a través del DACA.

Para clasificar en ese programa los solicitantes deben ser menores de 30 años, haber ingresado en Estados Unidos con menos de 16, no tener antecedentes penales, y estar estudiando, haberse graduado o haber sido licenciados con honores del ejército. A cambio, el Gobierno acuerda «diferir» cualquier acción sobre su estatus migratorio.

Las alarmas se encendieron en septiembre del año pasado, cuando el presidente Donald Trump rescindió el programa y le dio al Congreso un plazo de seis meses para que, si quería conservarlo, encontrara una solución legislativa. La fecha tope se cumplió el pasado 5 de marzo sin lograr ningún acuerdo, por lo que los dreamers están viviendo en una especie de limbo legal.

«Ha habido casos de gente que han deportado, y otros que se han ido por el propio miedo», relató Karina Dávila a Univisión. Si se desmantela el programa, los jóvenes como ella volverán a estar indocumentados, perderán sus permisos de trabajo, sus licencias de conducción, y sus seguros de salud en caso de tenerlo.

Hace algunos días el presidente firmó un proyecto presupuestario, aprobado por el Congreso, en el cual no logró los 25 000 millones de dólares que había solicitado para la construcción del muro fronterizo con México, y culpó a los demócratas por el fracaso del DACA. Karina Dávila –como varios expertos– opina que Trump ha estado utilizando el tema de los dreamers como moneda de cambio para obtener beneficios en asuntos que le preocupan más.

El presidente Trump utilizó su cuenta de la red social Twitter para anunciar el domingo pasado que DACA está muerto. Pero el programa sigue vivo por orden de dos tribunales que fallaron en contra de la decisión del Gobierno de cancelarlo y ordenaron su restitución. El primer dictamen fue emitido el 9 de enero y el segundo se conoció el 13 de febrero.

REFORMA MIGRATORIA EN EL CONGRESO

La inmigración es un tema de debate permanente en el Congreso de Estados Unidos. Durante décadas, los legisladores no han sido capaces de aprobar una reforma migratoria integral, a pesar de que todos coinciden en la necesidad de dar respuesta a temas como: la necesidad de mano de obra que ofrecen los inmigrantes, la situación legal de los indocumentados que viven en el país, o la seguridad fronteriza.

La última vez que estuvieron cerca fue en el 2013, cuando un grupo bipartidista de ocho senadores diseñó una propuesta de reforma migratoria que fue aprobada en el Senado, pero se estancó en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.

Se calcula que los inmigrantes en Estados Unidos representan el 14 % de la población, y si contamos a sus hijos nacidos en el país suman el 27i%. Los indocumentados son alrededor de 11 millones (aunque algunos sugieren que pueden ser hasta 15 millones, pero esa cifra es difícil de corroborar).

De ellos, alrededor de la mitad ha vivido en el país por más de una década, y casi un tercio son padres de niños nacidos estadounidenses, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Al mismo tiempo, un promedio de 65 000 estudiantes indocumentados se gradúan de las escuelas secundarias anualmente. Esos serían los posibles beneficiarios del DACA, o del Dream Act si alguna vez llega a aprobarse.

Es difícil conciliar la diversidad de intereses que se mueven en el Capitolio con respecto a los inmigrantes. Especialistas en el tema ubican esos intereses en cuatro grupos fundamentales. De una parte estarían los «cosmopolitas liberales», aquellos que apoyan las políticas expansivas de admisión para la reunificación familiar, la ayuda a los refugiados, y protecciones legales para los no ciudadanos; su propósito fundamental es resolver el estatus legal de los indocumentados.

Del otro lado estarían los «proteccionistas económicos», quienes se oponen a las fronteras porosas y a la creciente inmigración con el argumento de que ponen en peligro la seguridad material de la clase trabajadora de la nación y sus ciudadanos menos favorecidos. Son particularmente hostiles a la inmigración ilegal, y respaldan las sanciones contra los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados.

Asimismo, están los «conservadores proempresas y libre mercado», quienes apoyan la inmigración a gran escala para satisfacer las necesidades laborales de los intereses económicos. Son partidarios de los recién llegados que son autosuficientes económicamente y no requieren la asistencia del Gobierno.

Buscan regularizar el acceso a esa mano de obra.

Más a la derecha en el espectro conservador se ubican los «proteccionistas culturales y halcones fronterizos», quienes abogan por un control fronterizo estricto, límites a los derechos de los extranjeros y reducciones en las admisiones. Ven la inmigración ilegal como un riesgo para la soberanía, la seguridad nacional, las oportunidades de empleo, la educación pública y la seguridad social. Favorecen las patrullas de control fronterizo y otras medidas similares de seguridad, así como las deportaciones.

Es difícil conciliar los intereses de 535 congresistas federales, que pueden ubicarse en cualquiera de esas cuatro visiones. Incluso resolver el tema del DACA se vuelve complejo, a pesar de que en ese caso se trata de jóvenes que llegaron siendo niños a Estados Unidos y han hecho su vida en ese país; estudian, trabajan, pagan impuestos, contribuyen al crecimiento económico.

La opinión pública muestra una tendencia favorable a aceptar a los inmigrantes. Según una encuesta de Gallup, el 71 % de los estadounidenses ve la inmigración como «algo bueno», comparado con el 52 % en el 2002. El 84 % apoya un camino a la ciudadanía para los indocumentados, y el
87 % está de acuerdo con mantener el DACA. Pero los deseos de los electores rara vez coinciden con los intereses de los legisladores.

Por lo pronto, los casi 700 000 beneficiarios del DACA siguen en un limbo legal. Después de que Trump rescindió la medida su decisión ha sido objetada ante varios tribunales federales. A la espera de una acción por parte del Congreso, jóvenes como Karina Dávila siguen viviendo en la incertidumbre.

Tomado de Granma

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