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El presidente de la Junta Electoral Provisional (CEP), Pierre Louis Opont, se negó de manera categórica a someter la gestión de su organismo a una auditoría, como exigen hoy varios sectores sociales haitianos..

Según dijo, el órgano electoral no tiene disposiciones legales dentro del Decreto Electoral para la creación de una comisión de investigación que verifique los resultados del centro de tabulación.

Consideró suficiente el resultado del tribunal de contenciosos (Oficina Nacional Electoral de Litigios/BCEN) y enfatizó que el CEP estableció seguir curso para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 27 de diciembre.

Para Opont, las manifestaciones callejeras organizadas por la oposición y las notas de prensa difundidas por el grupo de ocho candidatos electorales y el partido Fanmi Lavalas siguen una estrategia política.

Precisó que con esa actuación desarrollan una campaña de intoxicación que hace más tensa la atmósfera haitiana y opinó que con la excepción de Jude Celestin, el resto de los aspirantes electorales han sido "malos perdedores".

También negó que el CEP esté a sueldo del oficialismo y aseveró que sus consejeros no son de ningún partido y están obligados a ponerse a cubierto a causa de las amenazas a las que están sometidos.

Las declaraciones de Opont respondieron al comunicado emitido por el grupo de ocho candidatos presidenciales opositores, conocido como G-8, en el cual insisten en adoptar la fórmula de gobierno de transición para resolver la crisis haitiana.

El texto critica la ausencia de cambios en la postura del CEP y de Opont, y los acusa de estar determinados a actuar en la opacidad total, sin tener en cuenta la solicitud de crear una comisión de investigación independiente.

Indica que el G8 considera inaceptable la manera en que el CEP ha manipulado los datos y la decisión del tribunal de contenciosos lo cual es contrario al decreto electoral, que tiene previsto eliminar a quienes cometieron fraude.

Añade que al actuar de esa forma el CEP muestra una posición partidaria y defiende al candidato del gobierno, Jovenel Moise, denunciado como principal beneficiario de los casos de fraude.

La propuesta de crear un gobierno de transición formulada por los líderes opositores también se opone al criterio de los diplomáticos conocidos como Grupo Central y que incluye a la misión de verificación de Naciones Unidas.

Ellos insisten en que se celebre la segunda vuelta electoral, pero demandan al gobierno y al CEP que los resultados de las votaciones sean respetados para que el proceso sea creible.

En ese escenario, la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica de Haití pidió al CEP que arroje luz sobre lo ocurrido realmente el día de la primera vuelta de las elecciones del 25 de octubre algo que, a su juicio, ha desacreditado los resultados. La recomendación de los obispos es similar a la de los partidos políticos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, que exigen la formación de una comisión de investigación independiente que confirme si hubo fraude.

Los obispos piden más transparencia en la maquinaria electoral en general, aplicar la ley de manera imparcial y llaman al gobierno a mantener su neutralidad durante el proceso.

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