colombiapazDelegaciones de las FARC-EP y el gobierno colombiano retomaron este miércoles las se­siones de diálogo encaminadas a finalizar el conflicto armado que sos­tienen por más de medio siglo, en un año llamado a ser el de la paz.

Sobre ese particular, en declaraciones a la prensa el negociador por las Fuerzas Armadas Revo­lucio­na­rias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) Joaquín Gómez calificó de poco probable la materialización de un acuerdo entre las partes en la fecha fijada.

Hacemos hasta lo imposible, sostuvo Gómez, pero hay factores objetivos que atañen a ambas partes y que seguramente impedirán la fir­ma de la paz el 23 de marzo, día anunciado en septiembre por el presidente Juan Manuel Santos y el líder del grupo insurgente, Timo­león Jiménez.

Representaciones de las FARC-EP, la mayor guerrilla de Colombia, y el Ejecutivo de ese país desarrollan con­versaciones pacifistas en La Ha­bana desde noviembre del 2012.

La ronda iniciada ayer y primera del 2016, se espera abra una nueva eta­pa en el proceso, caracterizada por un mayor dinamismo que facilite el término de una confrontación armada que ha causado la muerte a unas 300 000 personas.

Santos manifestó en días pasados la intención gubernamental de instalar una especie de mesa o cónclave permanente, de la que las de­legaciones no deberían levantarse has­ta alcanzar el objetivo común, informó Prensa Latina.

La modalidad sustituiría el es­que­ma de ciclos con descansos in­ter­medios, instituido desde el co­mien­zo de las negociaciones, y se­gún el presidente permitiría agilizar el intercambio en pos del acuerdo final, instrucción expresa que dio al equipo de paz gubernamental.

No obstante, a tono con los planteamientos de Gómez, en la búsqueda del armisticio definitivo aún quedan "escollos importantes" como la dejación de las armas, desmovilización de los guerrilleros y su reintegración a la sociedad.

Asimismo, otro asunto polémico a resolver es la definición del mecanismo que valide por la vía popular los consensos alcanzados. El gobierno defiende la realización de un plebiscito, mientras que las FARC-EP abogan por una Asamblea Nacional Constituyente.

Como resultado de los diálogos las delegaciones lograron convenios en los temas de reforma rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y víctimas, cuyo número asciende a casi siete millones.

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