La junta directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por una mayoría de derecha, acató este miércoles la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y procedió a desincorporar del Parlamento a los tres diputados de oposición temporalmente suspendidos por presuntos fraudes ocurridos en la jornada electoral del 6 de diciembre.
La decisión tomada por el órgano legislativo es considerada una victoria de la bancada revolucionaria, que en defensa de la Constitución y la legalidad, rechazó desde un inicio la juramentación de los parlamentarios anulados e interpuso una demanda ante el ente judicial; el cual, en respuesta, sancionó como desacato la maniobra de la cúpula y decretó la nulidad de sus actos hasta tanto no la revocaran.
Presionada por la suspensión de la sesión anterior por falta de quórum —expresión del desacuerdo entre las facciones derechistas para desobedecer o no la disposición del TSJ— y la presentación de nuevas pruebas que ilustran la gravedad de los delitos electorales en el estado de Amazonas, la dirección de la
Asamblea Nacional se vio obligada a rectificar y excluir del hemiciclo a sus representantes indígenas, no sin antes intentar enmascarar su "paso atrás".
Al inicio de la sesión de este miércoles, informaron la retirada mediante una presunta "solicitud voluntaria de desincorporación" extendida por los diputados impugnados, pero el bando chavista exigió cumplir cabalmente el dictamen establecido, pidieron una lectura exhaustiva de la resolución del TSJ y la confirmación expresa del acatamiento de la orden judicial por la Junta Directiva, a fin de dejar constancia en acta.
"Al parecer el diputado Héctor Rodríguez exige que la presidencia diga que se acata, o se cumple, o se observa; y no tenemos ningún problema, señor diputado: lo acatamos...", se vio obligado a reconocer el presidente Ramos Allup.
La bancada revolucionaria aplaudió la acción y en voz de su jefe, el joven diputado Héctor Rodríguez, calificó el resultado como "un triunfo de la Constitución, un triunfo del bloque de la patria", y reafirmó que a pesar de ser minoría, la defenderán permanentemente.
El reconocimiento de la orden judicial libraría a la Asamblea Nacional de la nulidad que pesaba sobre todas sus actividades legislativas.
No obstante, en la propia sesión volvió a incurrirse en violaciones del Reglamento Interno y de Debates, al presentarse como proyecto de ley una propuesta que no contenía los requisitos formales ni los argumentos explícitos para tal rango.
Sucedió cuando el opositor Julio Borges lanzó una propuesta de Ley de Propiedad de la Vivienda, atenido solo a una exposición verbal, sin entregarla en físico para su análisis por la totalidad de los diputados, y saltando todos los pasos dictaminados en el Reglamento.
El mismo político que varias veces despotricó contra la Gran Misión Vivienda Venezuela, aparece ahora como defensor de una ley que supuestamente persigue entregar títulos de propiedad a los beneficiarios de hogares entregados por el Gobierno Bolivariano, cuando ya existe un instrumento legal que propugna el derecho de propiedad familiar.
También fueron noticias las nuevas injerencias contra Venezuela por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien en carta al presidente Nicolás Maduro, cuestiona la legitimidad de la impugnación de diputados por irregularidades electorales.
El parlamentario Diosdado Cabello repudió la reincidente actitud de Almagro, y descalificó al organismo internacional por "carecer de carácter y cualidad para decir que en Venezuela está pasando algo malo o bueno".
"Pensamos que la OEA había tocado fondo, pero con Almagro llegó al subsuelo", apostilló.
Por último, se conoció que Gerson Pérez, líder del partido PODEMOS, integrante de la alianza del Gran Polo Patriótico, solicitó ante el TSJ un Antejuicio de Mérito contra el gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla, al asegurar tener elementos probatorios de su autoría intelectual en la comisión de fraudes electorales el 6 de diciembre.
Además, anunció la próxima presentación de evidencias contundentes sobre delitos de amedrentamiento de electores, acción paramilitar, robo de votos, sabotaje eléctrico y hasta secuestro de miembros de mesas, promovidos por la derecha en Caracas, algunos de los cuales involucran directamente al actual presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.