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Un informe de Naciones Unidas publicado hoy refleja graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Libia, las cuales atribuye a actores estatales y no estatales.

El documento preparado por la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, abarca la situación en el país norafricano desde principios de 2014, caracterizada por asesinatos extrajudiciales, ataques a civiles, torturas y detenciones arbitrarias.

Asimismo, señala la ocurrencia de secuestros, desapariciones forzadas, atropellos sexuales, discriminación, abusos a migrantes, hechos violentos contra periodistas y defensores de los derechos humanos en Libia, nación petrolera sumida en la inestabilidad y la violencia desde 2011, cuando una intervención de la OTAN ayudó a derrocar a Muamar Gadafi, quien fue asesinado.

"Pese a la situación del país en materia de derechos humanos, rara vez lo vemos en los titulares. Una multitud de actores, tanto estatales como no estatales, son acusados de violaciones muy serias, que en algunos casos pudieran escalar a crímenes de guerra", advirtió Zeid a propósito del reporte.

La oficina del Alto Comisionado realiza en el texto recomendaciones de medidas urgentes para luchar contra la impunidad y reformar el sistema judicial.

Según el informe, la violencia imperante incluye ataques indiscriminados en áreas densamente pobladas, entre ellas las ciudades de Benghazi y Trípoli, y la región de Warshafana.

También recoge casos de reclutamiento de menores para combatir, en particular por grupos que juraron lealtad al Estado Islámico, organización terrorista con creciente presencia en Libia, a partir del caos y la ingobernabilidad existente.

Para Naciones Unidas, uno de los desafíos principales en el terreno es detener la impunidad, lo cual demanda el fortalecimiento de la justicia.

Los jueces y fiscales son asesinados, asaltados o secuestrados y las cortes destruidas con bombas, un escenario que preocupa, dijo Zeid.

Un nuevo capítulo se abrió en el país norafricano en diciembre, con la firma de un acuerdo político promovido por la ONU para establecer un gobierno de unidad nacional dirigido a poner fin a la violencia sectaria y las luchas por el poder.

Aunque el pacto parece contar con un amplio respaldo, algunos sectores descartan apoyarlo.

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