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Activistas daneses denuncian cómo las personas que acogen a emigrantes provenientes de Oriente Medio son amonestadas por las autoridades de su país. Incluso, familiares de los refugiados han sido multados por “tráfico ilegal de personas”. En lo que va de año ya van 110 personas sancionadas y obligadas a pagar hasta tres mil euros.

La ONG Welcome To Denmark informó que la mayoría de los sancionados son personas que ayudaron a miembros de sus propias familias, que venían de Siria a reunirse con ellos en territorio danés.

Entre los afectados se encuentran estudiantes o jubilados daneses que actuaban por razones humanitarias. Denunciaron que desde septiembre de 2015, la cifra de multados por “tráfico ilegal de personas” asciende a 200 personas.

El portavoz de Welcome to Denmark, Line Søgaard, manifestó que “es inconcebible condenar a quienes ayudan a otras personas que lo necesitan”.

“La ley que lo permite pretendía luchar contra el crimen organizado, pero sabiendo que se está actuando contra la solidaridad, no es más que otra señal de que Dinamarca es un país hostil para los refugiados”, expresó.

Con 22 mil 500 coronas, cerca de tres mil euros, una activista fue multada por ayudar a una familia (cuatro adultos y dos niñas de cinco años) de refugiados sirios que se dirigían a Suecia en septiembre pasado, cuando cientos de migrantes intentaban llegar a la tierra prometida.

La mayoría de ellos han ingresado de manera ilegal a Italia y Grecia, luego de atravesar el Mar Mediterráneo a través de embarcaciones que, en diferentes ocasiones, no han logrado llegar a su destino causando la muerte de sus pasajeros.

Desde 2011, Siria se ha convertido en un campamento de guerra originado por terroristas, que pretenden derrocar al presidente Bashar al Assad para tomar el poder político de la nación árabe.

Al menos 300 mil personas se han movilizado hacia Europa en busca de refugio tras las intervenciones y ataques a Libia, Siria e Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados. La Unión Europea cerró un acuerdo con Turquía para solucionar este problema, pero desde Naciones Unidas se reclamó que podía ser ilegal.