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El Senado Federal de Brasil iniciará hoy la tramitación del pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, cuando líderes de los partidos políticos se reúnan con vista a definir la integración de un comité especial para el tema.

La comisión tendrá 42 integrantes (21 miembros plenos y otros tantos suplentes) y se conformará según la proporción de las bancadas de los partidos o bloques partidarios.

Según confirmó la víspera el presidente del Senado, Renan Calheiros, la reunión de los líderes partidarios -que también deberá trazar un calendario de trabajo- tendrá lugar previo a la sesión plenaria de la Casa, en la cual se leerá la autorización aprobada por la Cámara de Diputados para iniciar el impeachment.

Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), señaló además que el Senado no puede agilizar el trámite sin que parezca un atropello, ni prolongarlo sin que parezca arbitrario, en respuesta a la solicitud de acelerar el mismo formulada por el titular de la cámara baja, Eduardo Cunha.

Aseguró asimismo que se garantizarán el pleno derecho de defensa, así como el respeto al debido proceso.

Según Cunha, la demora en el trámite puede resultar muy perjudicial para el país.

Hoy en Brasil no hay gobierno, sino a medias, y eso no es bueno para nadie, manifestó Cunha, quien el propio domingo, al término de la votación, ya había intentado presionar al Senado, porque cuanto más tiempo este se lleve para decidir, "la situación va a empeorar", advirtió.

El líder parlamentario volvió a insistir ayer en la necesidad de agilizar el trámite y amenazó con que difícilmente se apruebe ningún proyecto gubernamental hasta tanto los senadores decidan si aceptan o no la denuncia.

El hecho de autorizar la instauración del proceso significa que la Cámara no reconoce más al Gobierno, dijo.

De acuerdo con el procedimiento establecido, una vez definidos los integrantes de la comisión especial del Senado, estos tendrán un plazo de 48 horas para elegir a su presidente y al relator, lo que deberá acontecer la próxima semana debido al feriado nacional del 21 de abril.

A partir de entonces, el grupo de trabajo tendrá 10 días para presentar un informe sobre la admisibilidad o no del procedimiento, el cual será votado en el seno de esta y analizado también por el pleno del Senado, cualquiera sea el resultado.

En ambos casos, para su aprobación se requerirá solo la mayoría simple.

De admitirse la apertura del juicio político, lo cual se estima pudiera quedar definido entre el 10 y el 11 de mayo, la Presidenta será notificada y apartada del cargo por un período máximo de 180 días para que los senadores concluyan el proceso.

Si se llegara a esta instancia, las sesiones serían encabezadas por el Presidente del Supremo Tribunal Federal y la aprobación de la casación del mandato de la jefa de Estado requeriría el apoyo de dos tercios (54) de los miembros del Senado.

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