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Reiteró que cada uno de los 68 senadores inscriptos para hablar tendrían derecho a la palabra por un término de 15 minutos y que, una vez agotada la lista de oradores, se concedería igual tiempo al relator Antonio Anastasia y al abogado defensor José Eduardo Cardozo.

Previo al inicio de los debates, legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Comunista de Brasl (PCdoB) presentaron cinco cuestiones de orden, las cuales fueron en su totalidad rechazadas por Calheiro.

Gleisi Hoffmann (PT) manifestó su indignación por lo que calificó de un juzgamiento injusto y selectivo de la presidenta Dilma Rousseff, que -dijo- no se aplicará a nadie más después.

Los presupuestos jurídicos aplicados hoy por el Senado de la República no valdrán mañana, serán enterrados; fueron creados exclusivamente para cancelar el resultado de la última elección presidencial y para minar nuestra democracia, denunció.

Hoffmann solicitó suspender la votación hasta que el Supremo Tribunal Federal se pronuncie respecto al recurso presentado ayer por la Abogacía General de la Unión pidiendo declarar nula de pleno derecho la sesión de la Cámara de Diputados en la cual se admitió la denuncia contra la mandataria.

Las demás cuestiones de orden se referían al parecer de Anastasia, considerado carente de fundamentación jurídica, y a la propia designación de éste como relator de la comisión especial de impeachment, en tanto -alegó Vanesa Grazziotin (PCdoB)- el proceso salió de las gavetas del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Por último, Calheiros desestimó otro cuestionamiento relacionado con el hecho que se juzgue a Rousseff por un presunto crimen de responsabilidad cometido en 2015, cuando todavía el Tribunal de Cuentas de la Unión y el Congreso Nacional no apreciaron las cuentas presidenciales de ese año.

Inmediatamente después de agotadas las cuestiones de orden, comenzaron los discursos de los legisladores, el primero de los cuales fue pronunciado por Ana Amelia, del Partido Progresista, quien afirmó que "a partir de ahora esta Casa es un tribunal político".

Para que sea admitido el pedido de juicio político de la jefa de Estado, el parecer del relator deberá recibir el voto favorable de la mayoría simple de los 81 legisladores, una cifra que según opinó antes de comenzar la sesión el senador Ronaldo Caiado (Demócratas) será alcanzada sin ninguna dificultad.

De acogerse el pedido, la Presidenta será notificada y apartada del cargo por un período máximo de 180 días, durante el cual se llevará adelante el proceso de enjuiciamiento, que será encabezado por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandoswski.

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