Panama-Papers

El apellido Trump aparece ligado a 32 sociedades anónimas creadas por Mossack-Fonseca, contado el Trump Ocean Club, proyecto inmobiliario insignia del aspirante presidencial republicano estadounidense Donald Trump en Panamá.

 

Las filtraciones de documentos de la firma de abogados Mossack-Fonseca (MF) publicadas en Internet por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan que la sociedad Trump Ocean Club 5002, Inc fue inscrita el 20 de junio de 2006, en Panamá, y disuelta el 16 de julio de 2014.

El 7 de mayo de 2007 se inscribió la sociedad Trump Ocean Club Unit 2710, INC, que se encuentra vigente según el Registro Público de Panamá.

 

El “descubrimiento” fue revelado este miércoles por el diario local La Estrella, que hizo la salvedad de que “las sociedades offshore no son ilegales, pero su función, según países como Francia y Estados Unidos, a menudo es ocultar el origen y los dueños del dinero para evadir impuestos, han reiterado expertos”.

 

Y el diario agregó: “Curiosamente, tras la revelación del escándalo de Mossack Fonseca & Co., los analistas del proceso electoral presidencial estadounidense aseguraban que Trump recibiría el apoyo de los grupos sociales que creen que para desmantelar el mundo de las élites hace falta alguien que las conozca desde dentro”.

 

En una revisión de los documentos revelados por ICIJ, se pudo comprobar que al menos 32 sociedades anónimas incluyen el apellido Trump en sus nombres y, además de las dos mencionadas, existen otras dos asentadas en Panamá, pero en su mayoría fueron creadas en Islas Vírgenes Británicas, Samoa, Hong Kong, Singapur, Seychelles y Estados Unidos.

 

El grupo legal transnacional MF rechazó en un comunicado la publicación de la base de datos robada de sus oficinas y anunció acciones legales contra ICIJ.

Además de haber sido obtenida de forma ilícita, la base de datos está cargada de errores y lleva a conclusiones erradas entre personas, compañías e intermediarios”, señaló el documento, el cual evalúa la revelación como un ataque irresponsable a empresas prestigiosas y legales, que causa daños a clientes y a terceras personas.

 

“El uso de información privada robada es un delito en todos los estados en los que tenemos presencia”, aseguró el bufete legal, quien alerta como las publicaciones generadas a partir “de este robo de información se han plagado de especulaciones y han causado la diseminación de datos fuera de contexto, con errores en la información”.

 

Una vez más el grupo legal insiste en el perjuicio a su imagen y la violación del secreto profesional entre abogado y cliente, “que es un principio básico y universal del ejercicio del derecho”.

 

Las ideas de más elementos ocultos en los documentos se reforzaron la semana última en Panamá, cuando un comunicado de MF anunció que conminó a ICIJ a que se retractara de publicar la base de datos o en su defecto amenazó de acciones legales en su contra.

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