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Otros cuatro testigos comparecerán hoy ante la Comisión Procesal del Senado brasileño que lleva adelante el proceso de juicio político contra la apartada presidenta Dilma Rousseff, acusada de presunta violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Los declarantes que comparecerán este miércoles serán el exsecretario adjunto de la Secretaría de Presupuesto Federal Cilair Rodrigues de Abreu; José Geraldo Franza, exfuncionario del Ministerio de Seguridad Social; el consultor jurídico del Ministerio de Planificación Walter Baere, e Hipólito Gadelha, consultor de la propia Cámara alta.

Para agilizar las declaraciones de los testigos, el presidente del colegiado Raimundo Lira convocó sesiones para todos los días de esta semana, confirmó la Agencia Senado, y recordó que la víspera dos de los deponentes negaron que las acusaciones contra Dilma referidas al Plan Cosecha tengan fundamento.

El exsecretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Planificación Gilson Alceu Bittencourt afirmó que la mandataria no tuvo participación directa en cualquier acto de las operaciones relacionadas con este programa del Gobierno federal de apoyo a la producción agrícola.

Sostuvo además que las transferencias de recursos a este Plan no configuran una operación de crédito, pues se trata -remarcó- de una prestación de servicio; no existiendo, por tanto, ninguna violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Por otra parte, también se conoció ayer la decisión del titular del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, de autorizar la realización de una de pericia de los actos de Rousseff impugnados en la denuncia, la cual fue solicitada por su defensa y rechazada por la mayoría de los integrantes de la Comisión Procesal.

En opinión del ministro de la Corte y presidente del proceso de juicio político, esa indagación guarda relación directa con la tesis de la defensa y permitirá ofrecer, tanto a los miembros del colegiado como posteriormente al plenario del Senado, un conjunto de elementos más amplios para el análisis.

Según había propuesto Lira, la pericia la realizarán tres auditores del Senado Federal en un plazo de 10 días y simultáneamente con las sesiones de trabajo de la Comisión, de modo que no implicará ningún atraso en el cumplimiento del cronograma establecido.

El abogado defensor de Dilma, José Eduardo Cardozo, había anunciado que recurriría ante el STF la negativa de realizar esa investigación, la cual sugería que llevaran adelante peritos internacionales para examinar los cuatro decretos suplementarios y las llamadas "pedaladas fiscales" que sustentan la acusación contra Rousseff.

En su criterio, las pruebas periciales son la manera que se tiene para probar la inocencia de la apartada jefa de Estado, por lo que el hecho de no admitirlas cercenaba su amplio derecho a la defensa.

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