Delegados de la ONU trabajan ya en Colombia para preparar la misión política encargada de verificar las venideras fases de cese el fuego bilateral y dejación de armas, confirmó hoy la embajadora ante ese organismo, María Emma Mejía.

En declaraciones a Caracol Radio la diplomática colombiana confirmó que el colectivo de expertos arribó a Bogotá el pasado fin de semana para planificar todo lo concerniente a la supervisión del silenciamiento de los fusiles y del desarme de los miembros de las FARC-EP.

Representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron un acuerdo el cual incluye los términos y hoja de ruta para desarrollar ambos procedimientos y las características de su verificación mediante un mecanismo tripartido, integrado por voceros de las partes beligerantes y una misión especial de Naciones Unidas (ONU), como su componente internacional.

La organización multilateral financiará y coordinará dichas tareas con la ayuda de observadores latinoamericanos y caribeños, no armados.

Según Mejía, el grupo compuesto por 42 personas definirá la cantidad de especialistas que deberán incorporarse a esas labores teniendo en cuenta el número y tamaño de las zonas y campamentos establecidos para la dejación de armas, desde los cuales velarán, también, por el cumplimiento del consenso sobre la suspensión de acciones combativas.

Analistas afirman que gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno y las FARC-EP para reducir la intensidad de la contienda, Colombia vive de facto un cese el fuego bilateral, pero su instauración oficial posibilitará la prolongación en el tiempo de esa disposición.

Desde 2012 portavoces del Ejecutivo y de esa agrupación rebelde dialogan en Cuba con la finalidad de hallar una solución concertada a la guerra interna, que ha dejado unos 300 mil muertos, casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen y al menos 45 mil desaparecidos.

El pacto rubricado el jueves pasado en La Habana establece las reglas y cronograma para garantizar el fin de una parte del largo conflicto, pues resta todavía instalar reuniones oficiales con el guerrillero Ejército de Liberación Nacional, involucrado igualmente en la conflagración.

Como resultado de más de tres años de discusiones, los equipos reunidos en la capital cubana lograron conciliar posiciones, además, en los temas de reforma rural integral, participación política, combate contra el tráfico ilícito de drogas y víctimas.

Falta ahora dilucidar cuestiones claves como el método mediante el cual serán escogidos los miembros del tribunal, destinado a aplicar la justicia transicional en el período posbélico, y resolver todos los puntos pendientes o salvedades, que los negociadores decidieron "congelar" o posponer para no entorpecer la dinámica de las conversaciones.