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Mayor líder popular y mejor Presidente de la historia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva es hoy víctima de una cacería judicial con el claro objetivo de excluirlo de la vida política, denunció el Instituto Lula.

 

El pueblo brasileño y la comunidad internacional saben que estamos delante de un proceso de cartas marcadas, subrayó la institución en una declaración difundida anoche, poco después que el juez federal Sergio Moro acogiera la denuncia presentada por fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato contra el exmandatario.

Al aceptar la acusación inepta de la Fuerza de Tarea de Lava Jato, Moro 'confirmó su parcialidad en relación a Lula, que ya fue denunciada ante el Supremo Tribunal Federal y la Corte Internacional de Derechos Humanos de la ONU', señaló el comunicado.

Afirmó además que la denuncia tiene carácter eminentemente político y es resultado de una serie de arbitrariedades y violaciones de derechos a las cuales ha sido sometido el también fundador del Partido de los Trabajadores (PT).

Después de dos años de investigaciones que involucraron a 300 agentes del Ministerio Público, la Policía y la Receta Federal, 'nada fue encontrado para relacionar a Lula con los desvíos en Petrobras. Ninguna cuenta secreta, en Brasil o en el exterior; ninguna empresa de fachada; ningún pago ilegal, directo o indirecto', enfatizó.

El texto destacó asimismo que lo único que restó a los procuradores del Ministerio Público Federal fue presentar una denuncia inverosímil e insustentable en el Derecho Penal y basada en hipótesis y 'convicciones', pese a lo cual fue acogida 'por un juzgador notoriamente faccioso en relación a Lula'.

Al aceptar la acusación la víspera, el propio Moro admitió que ciertamente los elementos probatorios contenidos en la acusación por presunta corrupción pasiva y lavado de dinero son cuestionables; pero en esta fase preliminar (del proceso) no se exige conclusión respecto a la responsabilidad criminal, sino apenas justa causa, alegó.

Los abogados de la defensa de Lula, por su parte, manifestaron que el juez federal de Curitiba perdió su imparcialidad para juzgarlo, después de practicar diversos actos que violan las garantías fundamentales del expresidente de Brasil.

Este es un proceso sin juez en cuanto agente desinteresado y capaz de garantizar los derechos, subrayaron Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira y apuntaron que ante el histórico de persecución y violación de las garantías fundamentales de Lula por parte de Moro, 'no causa sorpresa la decisión proferida por él'.

Ni los defectos formales de la pieza acusatoria, ni la ausencia de una prueba contra el expresidente, como fue ampliamente reconocido por la comunidad jurídica, impidió que Moro llevase adelante lo que hace mucho había dejado claro que haría: imponer a Lula un delito que jamás cometió, enfatizaron.

A fines de julio último, Lula interpuso una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, denunciando la cruzada judicial lanzada en su contra y resaltando las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los abusos de poder por parte de Moro y los fiscales de Lava Jato.

El Instituto Lula, en tanto, difundió antes un documento afirmando que en más de 40 años de actividad pública, la vida del exgobernante fue investigada en todos los aspectos: político, fiscal, financiero y personal, sin que encontraran nada capaz de asociarlo a los desvíos en Petrobras, investigados en la Operación Lava Jato, o cualquier otra ilegalidad.

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