Aunque Cuba mantiene una demanda soberana respecto a esa parte de su territorio, que se mantiene ilegalmente ocupado, en la reciente directiva presidencial aprobada por Barack Obama se reconoció que Estados Unidos no tiene intención de modificar el status actual de la base.
El centro de detenciones que instaló el Gobierno de Estados Unidos en el territorio ilegalmente ocupado por su Base Naval en Guantánamo, será recordado como uno de los capítulos más oscuros de la larga historia de violaciones de los derechos humanos made in Washington.
Durante el Gobierno de George W. Bush y su supuesta cruzada contra el terrorismo internacional, las instalaciones de la base comenzaron a recibir centenares de detenidos sin el debido proceso, muchos de ellos provenientes de las cárceles secretas norteamericanas en terceros países.
De acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, forzado durante la ocupación militar estadounidense a principios de siglo pasado e introducido en la Enmienda Platt, el territorio donde está instalada la base es de soberanía cubana, pero Washington tiene pleno control sobre él para efectuar sus operaciones. De ahí que se haya creado lo que los abogados llaman un «agujero negro legal». La única ventaja «estratégica» de esa instalación, que es una herida en la soberanía del pueblo cubano, es llevar a cabo torturas y detenciones arbitrarias sin rendir cuentas a los tribunales estadounidenses o la comunidad internacional.
El mundo ha conocido la verdadera historia de lo que ocurre en Guantánamo a cuentagotas, por los testimonios de las propias víctimas y también por las declaraciones de funcionarios honestos que no soportaron el peso de encubrir la barbarie.
El cierre del centro de detención es una de las promesas electorales incumplidas del actual mandatario estadounidense.
Barack Obama ha tenido que bregar contra un Congreso dominado por los republicanos y radicalmente opuesto al cierre de la prisión. Cuando restan menos de tres meses para que el Despacho Oval sea ocupado por un nuevo Jefe de Estado, todo parece indicar que la cárcel será una de sus herencias.
En la más reciente directiva presidencial aprobada por Barack Obama sobre la política hacia Cuba, el Gobierno de Estados Unidos reconoció que no tiene intención de modificar el tratado de arrendamiento vigente y otras disposiciones relacionadas con la Base Naval en Guantánamo, pues permite a su Gobierno «mejorar y preservar la seguridad nacional».
De igual manera, desde los anuncios del 17 de diciembre del 2014 ha estado presente la Base Naval en Guantánamo como uno de los principales temas a solucionar presentados por Cuba como parte del proceso hacia la normalización, junto al levantamiento del bloqueo, el cese de los programas subversivos, el fin de las transmisiones ilegales de radio y televisión y la compensación a nuestro pueblo por los daños causados durante más de medio siglo de agresiones.
La eliminación de ese vestigio colonial en pleno siglo XXI también es un asunto pendiente de la Casa Blanca, pues constituye una violación de los derechos de 11 millones de cubanos que están en contra de la ocupación ilegal de parte de su territorio.
(Tomado del periódico Granma)