maduro marcha paz caracas1El golpe de Estado en Venezuela no lo ha dado el Presidente Maduro sino que lo viene dando la nueva Asamblea Nacional desde su instalación el 5 de enero del 2016, cuando su presidente afirmó que en seis meses sacaría del gobierno a Nicolás Maduro.

Pasados los seis meses sin lograr consumar su propósito, en octubre de 2016 la Asamblea Nacional acordó realizar de manera ilegítima un juicio político al Presidente Maduro; juicio que se realizó en una sola sesión y por el cual decidió su destitución y la convocatoria a elecciones en 30 días. En ninguno de los dos casos ni la prensa internacional ni la OEA ni el Departamento de Estado se hicieron eco de tan evidente ilegalidad.

El último golpe de Estado por parte de la Asamblea se consumó el 9 de enero de 2017, al esta declarar abandono del cargo por parte del Presidente de la República y su desconocimiento como tal, contraviniendo el hecho público y notorio de que éste se mantenía y se ha mantenido trabajando día y noche en Miraflores. Tampoco en esta ocasión hubo pronunciamiento alguno de parte de la OEA, del Dpto. de Estado ni de ningún otro gobierno.

Cabe señalar que en Venezuela existen cinco poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, que funcionan de manera independiente y autónoma, pero que la Constitución establece inteligentes contrapesos para que ninguno de ellos avasalle a los otros. En todo caso, el régimen político no es Parlamentario, sino Presidencial: el Presidente es el Jefe de Estado y el Jefe del Gobierno, y le compete en exclusividad fijar la política exterior.

Igualmente es preciso aclarar que el Parlamento no tiene potestad ninguna para destituir, y menos en una sola sesión y sin juicio previo a ningún otro de los poderes constitucionales, como lo ha pretendido hacer la actual Asamblea Nacional con el Presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.

La única instancia a la que deben obedecer todos los poderes es a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que es “el máximo y último intérprete de la Constitución” y sus interpretaciones son vinculantes para el Tribunal Supremo como un todo y para el resto de los poderes. (Art. 335 de la Constitución Nacional).

Compete también a esta Sala el declarar la nulidad de los actos emanados de cualquiera de los poderes que colidan con la Constitución y suplir las omisiones del legislador cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución (Art 336).

A pesar de todo esto, la actual Asamblea Nacional, se asumió a sí misma como el único poder autónomo y se atribuyó ilegalmente la potestad de decidir por encima de los otros cuatro poderes. En función de este autoatribuido e inconstitucional poder decidió, en julio de 2016 juramentar, en actitud prepotente y bajo la falsa afirmación de que la Asamblea era el poder supremo y no tenía por qué obedecer dictamen alguno de ningún otro poder, a tres diputados cuya elección fue impugnada por fraude electoral comprobado y anulada como tal por el Consejo Nacional Electoral.

Fue ante esta reiterada situación de absoluta rebeldía e ilegalidad que el Tribunal Supremo de Justicia declaró en desacato constitucional a la referida Asamblea Nacional, así como determinó que mientras la situación de incorporación ilegal de estos tres diputados no fuera corregida todos los actos, acuerdos o leyes promulgadas por la Asamblea Nacional resultaban nulas de toda nulidad.

En virtud pues de esta situación de inconstitucionalidad en la que se ha puesto la Asamblea Nacional y de que esta situación ha mantenido al país en un limbo jurídico por más de un año y de que muchos acuerdos internacionales que requieren la aprobación del Parlamento y que son de absoluta necesidad para combatir la actual crisis económica, no han podido ser enviados a dicha Asamblea por mantenerse arbitrariamente en desacato, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de suplir aquellas funciones de la Asamblea Nacional que son imprescindibles para asegurar el Estado de Derecho y la vida económica del país. Suplencia que declaró en el mismo acto que se mantendría hasta tanto la Asamblea saliera del desacato retirando formal y legalmente a los tres diputados cuya elección no es reconocida por el Consejo Nacional Electoral.

A imitación del constitucionalismo europeo, cuando hay un conflicto constitucional entre poderes, el Tribunal Supremo puede asumir competencias del Parlamento en los casos en que fuera necesario. Hasta Donald Trump ha tenido que asumir las decisiones recientes del Tribunal Supremo norteamericano.

Hasta aquí la situación legal y de desacato inconstitucional tal como ha acontecido.

Una vez producida la referida sentencia respecto a la suplencia temporal de algunas funciones de la Asamblea Nacional, la Directiva y los parlamentarios de oposición que conforman la mayoría en dicha Asamblea declararon de inmediato que con la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de asumir funciones del Parlamento, Nicolás Maduro había consumado un golpe de Estado. Dando por supuesto que Maduro controla todos los poderes y reafirmando su tesis de que en Venezuela rige una Dictadura. La pregunta lógica que uno se hace es que si hay una dictadura y si Maduro controla todos los poderes, ¿qué necesidad tiene entonces Maduro de dar un autogolpe de Estado?

Pero como la lógica y la verdad son hoy realidades totalmente ausentes del discurso de la derecha, de inmediato y casi simultáneamente, la derecha internacional e imperial saltó denunciando el autogolpe de Estado dado por el Presidente Maduro y exigiendo una intervención inmediata en Venezuela.

Teniendo estos antecedentes en cuenta, la verdad es que no hay golpe de Estado puesto que no hay desplazamiento del Poder Legislativo ni destitución de ningún legislador ni disolución del mismo, como de manera facciosa fue manejado por las corporaciones mediáticas y por los gobiernos de derecha implicados en la conspiración. Técnicamente el TSJ sólo estaba asumiendo de manera accidental y coyuntural las funciones de la AN para cubrir el vacío legal producido por más de un año de ausencia de la AN por autoanulación y desacato a la sentencia que lo obliga a la desincorporación de los tres diputados que la directiva anterior, en actitud prepotente, juramentó bajo la falsa afirmación de que la Asamblea era el poder supremo y no tenía por qué obedecer dictamen alguno de ningún otro poder.

Por otra parte tampoco era un golpe de Estado porque de hecho el Parlamento puede volver autónomamente a sus plenas funciones en sólo dos días, si quisieran, con tan sólo desincorporar a los tres diputados impugnados y salir del desacato. Todo lo demás es parte de la misma estrategia del Dpto. de Estado de satanizar al gobierno bolivariano y justificar la intervención.

Finalmente, la situación fue resuelta de inmediato y constitucionalmente gracias a que el Presidente Maduro, en uso de sus atribuciones, convocó a una reunión inmediata del Consejo de Seguridad Nacional, que agrupa, entre otros, a los presidentes de los cinco poderes. Dicho Consejo acordó por unanimidad solicitar a la Sala Constitucional que revisara sus sentencias respecto a la Asamblea Nacional con el objeto de garantizar la prevalencia de los cinco poderes y buscar que la Asamblea corrigiera su desacato. Y así fue decidido por la Sala Constitucional. Vale subrayar que el Presidente de la Asamblea Nacional fue convocado a esa reunión y no quiso asistir.

No obstante ello, la oposición se niega a reconocer que la situación fue subsanada legalmente en aras de la armonía de poderes y sigue sosteniendo pública e internacionalmente la tesis del golpe de Estado dado por Maduro y tomándolo como bandera, ha iniciado de nuevo una campaña agresiva y violenta de manifestaciones diarias que al igual que en el 2014 ha comenzado a producir decesos de inocentes, a incendiar o destrozar bienes públicos, atacar centros de salud, impedir el tránsito, mientras agrede de todas las formas posibles a los cuerpos de seguridad buscando la reacción de éstos y obtener la “foto” con la que le demostrarán al mundo que el agresor y violento es el gobierno venezolano.

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