Según estadísticas del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba, alrededor del 24 por ciento de la población del país es adicta al tabaco, situación que coloca al archipiélago por encima de los índices de consumo de esta droga en muchos países de Latinoamérica y hasta del mundo.

En las calles, el barrio, la casa, el trabajo… por doquier, aparecen fumadores de todos los sexos y edades, con mayor incidencia de adolescentes y jóvenes, quienes motivados por el grupo de amigos o resultado de la inadecuada crianza o poca atención en los hogares, se inician en el mal hábito y terminan practicándolo de por vida.

Al cierre del tercer trimestre del año 2017 en Guantánamo ya se cuantificaban más de 4 mil 700 consumidores, en su mayoría hombres, de acuerdo con el registro de dispensarización de la base de datos de la Dirección Provincial de Salud, dato que coloca al territorio en letras rojas frente al impacto de este flagelo que deviene la primera causa de muerte prevenible en el país.

En su intento por disminuir las consecuencias del tabaco en la sociedad, el Estado Cubano promulgó diversas leyes, entre las que destaca el Acuerdo 5570 de 2005 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, que permite controlar la venta de cigarrillos a menores y regular la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, en instituciones de salud y educación.

Sin embargo, la aplicación y cumplimiento de estas regulaciones es insuficiente por la falta de exigencia y control que persiste en los centros por parte de trabajadores, directivos y ciudadanos en general, pues se viola impunemente lo legislado.

De acuerdo con la licenciada Diosmerlis Matos Estévez, del departamento de Promoción de Salud de la Dirección territorial de Higiene y Epidemiología, de las más de 800 instituciones de salud de Guantánamo unas 567 han sido catalogadas como libres de humo, mientras que de otros sectores solo 43 tienen la condición, 25 de ellas de Educación.

Matos Estévez, explica que en los establecimientos asistenciales de salud resulta contraproducente ver a pacientes, acompañantes o visitantes que fuman cuando saben que está prohibido y a parte del personal de la salud que también lo hace, lo que tiene efecto negativo en el prestigio de esas entidades, responsables del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo.

La restricción también es burlada en plazas, bares, centros nocturnos y cafeterías, e incluso cada vez es más frecuente encontrar a personas que fuman en el ejercicio de su profesión, como es el caso del transporte público, donde la alta peligrosidad que representan los chóferes fumadores constituye un aspecto a considerar, aunque no se encuentra entre los porcentajes más altos.

Vale señalar además que, muchos locales aún no tienen las señales de restricción de venta o de prohibición de fumar, ni están identificadas las áreas en las que se autoriza hacerlo, y donde existen pocas veces se respetan, o no están claras, precisas o ubicadas en lugares visibles, lo que favorece que se multiplique la práctica negativa en cualquier espacio, sin importar los afectados.

Para sancionar estos actos de indisciplina se estableció el decreto 123 del Minsap, aplicado por el Cuerpo de Inspectores Sanitarios y que implica multas de hasta 20 pesos, y por otra parte a nivel de organismos se pueden tomar medidas administrativas contra los infractores.

Sin embargo, pese a las acciones de educación para la salud en Cuba, la mayor responsabilidad en la lucha antitabáquica sigue siendo tarea pendiente de cada individuo, pues está demostrado que las medidas restrictivas no han implicado cambios sustantivos en la actualidad.

Para los decisores de las políticas públicas la realidad se complica hoy, pues cerca de la mitad de los integrantes de las familias cubanas viven expuestos al humo del cigarro, ello a pesar de saber que por año, cientos de personas fallecen como consecuencia de enfermedades crónicas de las vías respiratorias o cáncer, agravadas por el efecto contaminador del cigarro en el entorno.

Ciertamente el cumplimiento de las prohibiciones de fumar está lejos de ser una meta alcanzada, ni siquiera en aquellas instituciones que tienen el rol fundamental en la preservación de la salud y en la formación de hábitos saludables, pero no debe cejarse en erradicar dicho mal.

Del trabajo intersectorial y la acción en red dirigida al cumplimiento de lo que debería ser un deber ciudadano, depende la victoria en esta batalla por la vida propia y la de los demás.