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Al cierre del día de ayer, 15 de agosto, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica mil 519 pacientes, de ellos: en vigilancia 56, sospechosos 857 y confirmados 606.

 

Para COVID-19 se estudiaron 3 mil 646 muestras, resultando 24 muestras positivas. El país acumula 327 mil 689 muestras realizadas y 3 mil 316 positivas (1,01%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 24 casos nuevos, con un acumulado de 3 mil 316 en el país.

 

Los 24 casos diagnosticados son cubanos, de ellos 21 (87,5%) fueron contacto de casos confirmados y tres (12,5%) con fuente de infección no precisada.

 

De los 24 casos confirmados, cinco (20,8%) fueron hombres y 19 (79,2%) mujeres. El 41,6% (10) de los casos positivos fueron asintomáticos.

 

 

La residencia por provincia y municipio de los 24 casos confirmados es:

 

Artemisa (1 caso)

 

 

La Habana (22 casos)

 

 

Matanzas (1 caso)

 

 

Detalles de los casos confirmados:

 

Artemisa

 

 

La Habana

 

 

Matanzas

 

 

 

De los 3 mil 316 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 606 (18,3%), 601 el 99,2% con evolución clínica estable. Se reportan 88 fallecidos (ninguno del día), dos evacuados y se acumulan 2 mil 620 pacientes recuperados (79,1%) (52 altas del día). Se reportan tres pacientes en estado crítico y dos en estado grave.

 

Pacientes en estado crítico

 

 

Pacientes en estado grave

 

 

Hasta el 15 de agosto se reportan 185 países con casos de COVID-19, asciende a 21 millones 213 mil 649 los casos confirmados (+312 mil 886) y 760 mil 421 fallecido (+1 mil 063) para una letalidad de 3,58% (-0,05).

 

La región de las Américas reporta 11 millones 452 mil 870 casos confirmados (+160 mil 949), el 53,98% del total de casos reportados en el mundo, con 415 mil 130 fallecidos (+4 mil 001) para una letalidad de 3,62% (-0,02).

 

 

En la Unidad Básica # 3 de la Empresa municipal de Comercio Guantánamo, ubicada en Carretera y 3 Oeste, funcionarios administrativos, quienes debieron velar por la integridad de los recursos del Estado, hicieron todo lo contrario y ahora están acusados por el delito de Actividad Económica Ilícita.

Presuntamente, el jefe de la unidad, en complicidad con la máxima responsable de velar por el control interno, y dos administradores de bodegas, se pusieron de acuerdo para descarriar mercancías del comercio minorista que vendían “por detrás del telón”, camuflado con documentos “legales”.

Según fuentes del Ministerio del Interior, el delito podría estarse cometiendo desde hacía muchísimo tiempo, pues en registro a las casas de los implicados se hallaron bienes adquiridos y construidos probablemente de manera ilícita: electrodomésticos, motos, motorinas, piscina…

De acuerdo con el mayor Liuban Medina Santos, segundo jefe de la Unidad provincial de Investigación Criminal en el territorio, aún se indaga la cadena delictiva (receptores, compradores y distribuidores) de los recursos, aunque se determinó que en los últimos tiempos se desviaron asignaciones de cigarro al mercado informal, por valor superior a los 87 mil 500 pesos. Además, se encontró una fábrica de bebidas alcohólicas en una de las viviendas.

Mientras se investigan los hechos y determinan nuevos implicados, la indagación indica que los funcionarios incidieron en la violación del artículo 228 del Código Penal, pues con ánimo de lucro realizaron actividades de producción, transformación o venta de mercancías no autorizadas por disposición legal o reglamentaria, y ello implica confiscación de bienes, y sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa.

También se infringió la resolución No. 60 del 2011 sobre las normas del sistema de control interno que deberían de promover con honradez la correcta y transparente administración del patrimonio público y exigir (a tiempo) las responsabilidades ante cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidades o acto ilícito.