El sistema cubano de tribunales creó comités de género en cada provincia del país, una medida que promueve, asesora y monitorea políticas para la incorporación del principio de igualdad y no discriminación, destaca hoy el periódico Granma.  

   La iniciativa, según el diario, busca transversalizar la perspectiva de género en la administración de justicia, lo cual aporta a la identificación, la atención y el tratamiento de prácticas y esterotipos causantes de la discriminación por sexo. 

   Guían esta labor la Estrategia para la incorporación de la perspectiva de género en la impartición de justicia y el Protocolo de Actuación, documentos que establecen la política institucional y sus proyecciones hasta el año 2030.

   Incluyen, además, acciones coordinadas para la prevención y atención de la violencia.

   Precisa el texto que la Estrategia se enfoca en la capacitación de los integrantes de los tribunales, fortalece las capacidades y la gestión de la información y el conocimiento, y el objetivo es potenciar la igualdad y cerrar brechas en la aplicación del Derecho.

   También, gestiona la información y estadísticas judiciales con perspectiva de género, garantiza la disponibilidad de datos mediante la informatización del proceso, y capacita al personal auxiliar encargado de la captación y procesamiento de información.

   Otro de los puntos de la Estrategia es la elaboración de guías con enfoque de género para la redacción y argumentación de las resoluciones judiciales; la norma evalúa y perfecciona las políticas de acceso de las mujeres a cargos decisorios en el sistema de tribunales.

   El Protocolo de Actuación tiene como eje central incorporar la perspectiva de género en la labor judicial, pretende la identificación oportuna de situaciones de discriminación y violencia de género, y provee atención y respuesta adecuadas con procedimientos transparentes.

   Este documento, que abarca la restitución de derechos y el tratamiento a víctimas y victimarios, aplica al Tribunal Supremo Popular y a los demás tribunales del país; su alcance incluye procesos judiciales constitucionales, penales, civiles, familiares, administrativos, mercantiles, laborales y de seguridad social.

   Indica la tramitación urgente y prioritaria de estos asuntos, resalta el respeto al derecho a una vida digna y libre de violencia, y establece que ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa justifica la discriminación.

Tomado de la ACN