Este 24 de septiembre se conmemoran 33 años de la aprobación de la Ley Torricelli, también conocida como Cuban Democracy Act, una legislación que intensificó el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.
A pesar del paso del tiempo, los efectos de esta normativa persisten, impactando de manera severa tanto a la economía cubana como a su población.
Promulgada en 1992, durante un período electoral en , la Ley Torricelli fue impulsada por el congresista Robert Torricelli y representó un giro radical en la política estadounidense hacia Cuba.
Entre sus medidas más estrictas destaca la prohibición de comercio entre Cuba y las subsidiarias de empresas estadounidenses ubicadas en países terceros, así como restricciones más severas en la entrega de ayuda humanitaria.
El contexto en el que se aprobó esta ley fue especialmente crítico para Cuba: tras el colapso de la Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista europeo, la isla vivió el denominado "Período Especial", una etapa de grave crisis económica, marcada por la escasez de alimentos, medicinas, combustibles y otros bienes esenciales.
La Ley Torricelli fue diseñada para agravar aún más la situación de vulnerabilidad económica de la nación antillana.
Más de tres décadas después de su implementación, la ley ha sido una de las principales responsables de las pérdidas económicas de Cuba, que ascienden a más de 170 mil millones de dólares, según el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Sectores esenciales como la salud, la energía, la industria y las finanzas internacionales siguen viéndose afectados por las restricciones impuestas por esta y otras normativas que mantienen el cerco económico sobre la isla.
El bloqueo dificulta la obtención de financiamiento internacional, lo que afecta el funcionamiento de infraestructuras claves, como las centrales eléctricas, o la reparación de sistemas de acueductos.
Según Izca Lisbeth Borges Moles, especialista en la unidad de Reparación y Mantenimiento de Centrales Eléctricas de Santiago de Cuba, debido a las restricciones, el país debe recurrir a intermediarios para adquirir repuestos imprescindibles, lo que eleva los costos y limita los recursos disponibles para mantener la operatividad de la infraestructura eléctrica.
Por su parte, Wilmer Estrada Heredia, delegado de Recursos Hidráulicos en la provincia, destacó el impacto directo del bloqueo en el suministro de agua, debido a la imposibilidad de adquirir bombas, accesorios eléctricos y cemento para la construcción de nuevas obras.
Un proyecto de inversión en el municipio Palma Soriano, que inicialmente beneficiaría a más de 80 mil personas, solo ha logrado impactar a 27 mil debido a la paralización del crédito destinado en su función.
Aunque la cúspide de Estados Unidos justifica el bloqueo como una medida para presionar al gobierno cubano, en la práctica, sus efectos recaen principalmente sobre la población.
La escasez de alimentos, medicamentos, insumos escolares y tecnologías ha generado una grave precariedad, que se ha visto exacerbada por la crisis económica mundial y la pandemia de COVID-19.
El acceso limitado a medicamentos para enfermedades graves, como el cáncer, y la falta de equipos médicos de alta tecnología son solo algunos ejemplos de cómo la política de asfixia económica afecta a los cubanos.
A esto se suma el éxodo de jóvenes y profesionales que buscan mejores oportunidades, un fenómeno que se ha intensificado debido a las restricciones económicas y financieras impuestas desde Washington.
En octubre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó, por trigésima segunda vez consecutiva, a favor de la resolución presentada por Cuba para poner fin al bloqueo, con 187 votos a favor y solo dos en contra: Estados Unidos e Israel.
Analistas y líderes internacionales coinciden en que, lejos de conseguir sus objetivos, el bloqueo ha fracasado como estrategia para inducir un cambio político en Cuba, y ha sido la principal causa de la crisis que enfrenta el país.
La Ley Torricelli, junto con la Ley Helms-Burton de 1996, consolidó el carácter extraterritorial y coercitivo de esta medida, convirtiéndola en una política estatal difícil de revertir sin la intervención del Congreso estadounidense.
Este entramado legal ha limitado las opciones de desarrollo de Cuba y ha obstruido iniciativas de cooperación humanitaria.
A 33 años de su promulgación, la población cubana sigue enfrentando las consecuencias de una política que, a nivel global, ha sido y será condenada de manera casi unánime.
Tomado de la ACN