El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la declaratoria de un estado de emergencia económica por un periodo de 30 días, tras el fracaso en el Congreso de su más reciente proyecto de reforma tributaria.
La medida, contenida en el Decreto 1390 de 2025, otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para establecer nuevos tributos o modificar los existentes, con el propósito de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales y enfrentar lo que el mandatario calificó como una “grave situación fiscal”.
Petro defendió la decisión argumentando que el país neogranadino arrastra un déficit primario heredado de gobiernos anteriores, el cual se ha visto agravado por la negativa del Congreso a aprobar la reforma tributaria y por la política monetaria del Banco de la República.
Según el inquilino de la Casa de Nariño, estos factores han incrementado el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública, lo que obliga a tomar medidas urgentes para evitar un deterioro mayor de las finanzas nacionales.
El mandatario subrayó que los nuevos recursos deben provenir de los sectores más privilegiados de la economía. “Los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica deben aportar más”, afirmó, insistiendo en que la justicia tributaria es indispensable para sostener el gasto social y garantizar la equidad en el país. Con ello, Petro busca que las cargas fiscales recaigan sobre quienes concentran la mayor riqueza, en lugar de profundizar las desigualdades que afectan a la mayoría de la población.
La reforma tributaria rechazada era la tercera iniciativa presentada por el Gobierno de Petro desde su llegada al poder en 2022. La primera fue aprobada meses después de su posesión, pero las dos siguientes —en 2024 y 2025— fueron hundidas por el Congreso, reflejando la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Gobierno sostiene que la falta de aprobación de estas reformas compromete la estabilidad fiscal del país y limita la capacidad de financiar programas sociales, infraestructura y proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.
El rechazo parlamentario a la reforma tributaria de 2025, que buscaba recaudar más dinero para el presupuesto de 2026, dejó al Ejecutivo sin una fuente clara de ingresos adicionales.
Ante este escenario, la declaratoria de emergencia económica se convierte en un mecanismo para sortear el bloqueo legislativo y garantizar recursos inmediatos.
Reacciones y desafíos
Diversos sectores políticos han cuestionado la decisión de Petro, señalando que la emergencia económica podría ser interpretada como un intento de gobernar por decreto y de reducir el papel del Congreso en la definición de la política fiscal.
Por otro lado, organizaciones sociales y sindicales han respaldado la iniciativa, argumentando que la crisis fiscal amenaza la continuidad de programas esenciales en salud, educación y vivienda. Para estos sectores, la emergencia económica es una herramienta legítima para proteger los derechos de la población y asegurar que los recursos provengan de quienes más tienen.
El desafío para el Gobierno será lograr que las medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica sean efectivas y sostenibles, evitando que se conviertan en soluciones temporales que profundicen la incertidumbre. La capacidad de Petro para articular consensos y demostrar que las decisiones tomadas responden al interés general será clave en un escenario político marcado por la polarización y la resistencia de las élites económicas.
Tomado de Cubasi