Los allanamientos vulneran el debido proceso judicial, erosiona el Estado de derecho y configura persecución política.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa denunció una nueva escalada de persecución política contra el movimiento progresista del país, luego de que la Fiscalía ordenara allanamientos simultáneos a viviendas de dirigentes opositores, entre ellos el asambleísta Patricio Chávez y figuras vinculadas a la Revolución Ciudadana.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Correa alertó sobre el operativo judicial y acusó directamente al Gobierno del presidente Daniel Noboa de utilizar las instituciones del Estado para neutralizar a la oposición política.
En lugar de luchar contra el narcotráfico, este miserable Gobierno solo sabe perseguir, escribió el exmandatario, calificando los allanamientos como un acto de intimidación política.
De acuerdo con la información difundida por la exasambleísta Sonia Gabriela Vera, el operativo fue ejecutado por orden del fiscal subrogante Carlos Leonardo Alarcón Argudo, en el marco de una investigación previa basada en una denuncia con reserva de identidad, una figura legal que ha sido duramente cuestionada por su uso discrecional en procesos políticos.
Según Vera, en el expediente figuran como investigados Rafael Correa, Andrés Arauz, Luisa González y otros actores políticos, sin que hasta el momento se hayan presentado cargos formales ni pruebas públicas.
Esto no es un hecho aislado, es un patrón sistemático de lawfare, denunció Vera, señalando prácticas como investigaciones prolongadas sin imputación, estigmatización mediática y selectividad judicial.
Horas después del operativo, Correa amplió su denuncia y afirmó que los allanamientos se produjeron a partir de una denuncia presentada en noviembre bajo reserva de identidad.
¡Ni en las peores dictaduras! Fiscalía ordena allanamientos contra dirigentes de oposición por una denuncia anónima. ¡Ya basta!, expresó el exjefe de Estado.
El exmandatario también advirtió que las acciones judiciales alcanzaron a excandidatos presidenciales y exfuncionarios públicos, lo que según su denuncia configura un intento de desarticulación política previa a futuros escenarios electorales.
La judicialización selectiva de la política en Ecuador, se inscribe en la práctica conocida como lawfare, utilizada previamente contra líderes como Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y Evo Morales en Bolivia.
Desde sectores opositores se cuestiona que, mientras se ejecutan allanamientos contra dirigentes políticos, persisten problemas estructurales de control territorial, violencia carcelaria y expansión del narcotráfico.
Tomado de CUBASI
