La falta de un estatus claro de los vendedores de los puntos de la agricultura, conspira también contra el control de precios. En la foto, Julio Enrique Suárez muestra cómo los precios de su declaración no se corresponden con los topados.
Mayra Cruz sabía que pasaría, que cuando el Gobierno intentara poner en orden los precios de los productos agropecuarios era inevitable esperar la resistencia de los vendedores y, por tanto, las tarimas cerradas o semivacías que ahora la obligan a caminar más de la cuenta.
“¿Qué encontré? Un mazo de verduras, dos libras de yuca y una mano de plátano burro, porque a esto -y señala de arriba abajo la calle 7 Oeste, del sur de la ciudad- que siempre está tan llena, hoy parece que la barrieron con una escoba”, refiere.
Busco a alguien que se retirara de la venta debido al Acuerdo 259 del Consejo de la Administración Provincial (CAP), del 17 de agosto pasado. No lo encuentro. En tiempos de calma, esa arteria es un entramado de tarimas, bancos donde descansan los productos, sacos, vagones que, mayormente, venden sin orden ni concierto.
En la bolsa de Yudy Graña -jubilada- tampoco “pesan” los nuevos precios. “El aguacate lo compré a cinco pesos -en el listado, los grandes pueden cotizarse a un máximo de cuatro pesos y el que sostiene, mediano, debería ser a tres-, un jarrito de limones por tres pesos y dos paquetes de verdura”.
La generalidad entre los que se mantienen vendiendo, advierte Armando Morgan, es la gente que hace lo que quiere. “Hace unos días, la moda era no poner precios y decírtelos de boca. Ya ahora ponen el costo, por lo menos; de hecho, acabo de pasar por un punto que tiene el cerdo a 25 pesos, con cartel y todo”.
Del otro lado de los mostradores, las opiniones tienen sus propios rumbos. “Hay precios que son superiores a los anteriores, pero hay unas cuantas cosas que vienen a complicarnos como, por ejemplo, el plátano por libra, cuando siempre se ha ofertado por unidad. El ají también, porque quién ha visto que el de ensalada sea más barato que el de cocina. La malanga, continúa, también está por debajo”, asegura Julio Enrique Suárez, vendedor del punto de venta de la agricultura urbana de la esquina de 7 Oeste y 9 Sur.
Este vendedor, además, revela un detalle que nos acompañará por todo el recorrido: una semana después de que el tope de precios fuera publicado en el periódico, a casi dos semanas de que fuera firmado por el CAP, todavía el listado no se había dado a conocer de forma oficial entre quienes tiene efecto:
“Hoy, cuando fui a hacer mi declaración ante la representante de la UEB de la Empresa de Granos Guantánamo, ella no tenía los nuevos precios, y me hizo el documento con los viejos”, lo que implica, además, una diferencia en la cuantía que estos vendedores deben abonarle a esa empresa con sede en Niceto Pérez, a la que -por lo menos, formalmente- pertenecen.
Robelkis Olivares tiene su punto de agricultura urbana para vender, sobre todo, carne de carnero, en 7 Oeste entre 5 Sur y callejuela 5. “El nuevo precio -que topa la libra a 25 pesos-, me parece bien y yo, por cierto, la tengo a 20 pesos.
“La carne de cerdo es el problema, porque el Estado paga la libra en pie en casi 40 pesos, así que no tiene lógica que un punto de venta compre la carne compitiendo con ese precio y la tenga que vender a 20 pesos” -opina este guantanamero que es dueño de una finca en el poblado de Malabé.
En el Mercado de oferta y demanda de la Avenida y Los Maceo, conocido como La Punta, también había poco para escoger: yuca, ajo, naranja, tomate, plátano y algunas especias. Las razones, explican concurrentes, es que con los precios actuales no se puede comprar a los camiones que regularmente los abastecen.
“Pero la verdad, es que ahora mismo tampoco nos están bajando mercancía, y eso pone todo más difícil”, agrega Daysi Rojas, mientras descansa los codos en una tarima totalmente vacía.
Ismael Sánchez, asegura a esta reportera, viene de quejarse en el Gobierno Municipal, a un par de cuadras, “porque igualan los precios a los de las placitas, pero estas tienen quién le distribuya y, a pesar de eso, no ofertan casi nada”.
Leonardo Fuentes, que nos escucha mientras hace cola para adquirir tomate a seis pesos, opina que “la medida es justa y necesaria, pero si bien algunos precios han bajado, lo visto solo lo convence de que la población debe ser más combativa”.
Con los carretilleros, en la calle, la historia es más dispersa, y no ayuda que la mayoría de esos trabajadores por cuenta propia no dispongan de una tablilla de precios a la vista.
“Y para colmo, -recalca Esperanza Durruty- venden por jarritos, por unidades, por montoncitos, cuando productos como el limón y otros se deben ofertar por libras. No hay que ir muy lejos para saber que muchos de esos carretilleros ni siquiera tienen una balanza que sirva”.
Roberto -me dice Roberto y ya, sin apellidos- es categórico mientras deja descansar, por un momento, la carretilla que solo carga plátano burro y algunas ristras de ajo. “Entiendo lo de bajar los precios, pero no tenemos un mercado mayorista, pagamos la ONAT, y brindamos un importante servicio al pueblo, pero a la hora de abastecernos, todo el mundo se lava las manos”.
No ayuda que tampoco se reunieran con ellos -como en otras ocasiones- para informarles de los precios topados. Los carretilleros, los vendedores de puntos de la agricultura urbana y los concurrentes de los Mercados de oferta y demanda se enteraron de la medida al mismo tiempo que todos los demás: el 13 de septiembre, por Venceremos.
El precio de la carne de cerdo y la malanga son los que más se resisten a bajar.
A lo cortico
En el periódico, a la izquierda de los precios, están los sitios electrónicos y teléfonos a través de los cuales las personas pueden quejarse ante violaciones de precios. Son casi medio centenar de opciones, sobre todo, oficinas de Finanzas y Precios, la Dirección Integral de Supervisión (DIS), la Agricultura, los propios gobiernos y Comercio.
La idea, me había dicho pocos días antes de esa publicación Rosalina Calderín Labañino, directora de Finanzas en la provincia, “es que la gente apoye al Gobierno, porque tenemos mecanismos de regulación, sobre todo, a través de los inspectores, pero esto hay que hacerlo entre todos”.
Con ese concepto, también trabaja el cuerpo de 64 inspectores de la DIS que, en el municipio de Guantánamo, lidera Siomara Begué Quiala.
“Al día, me asegura la funcionaria, se atienden alrededor de 15 llamadas. Los temas más frecuentes, el precio de la malanga, del frijol colorado y la carne de cerdo, sobre todo, en calle 7 Oeste de la Avenida a 9 Sur; el reparto Rubén López Sabariego; San Justo, y los puntos específicos de Carretera entre Martí y Pedro A. Pérez, y Luz Caballero y Carretera”.
En la primera semana de aplicación del Acuerdo, la DIS había aplicado 14 multas de 100, 150 y 300 pesos, por el Decreto 227, y tres multas a quienes abastecen a estos puntos, según el Decreto 357. Lo decomisado, hasta ese momento, sumaba 270 libras de ají, 146 de limón y 985 de aguacate que fueron llevadas para su venta al Mercado climatizado de la villa del Guaso.
“Sigue siendo poco, porque cuando estamos en la calle, tenemos que enfrentarnos con los violadores y sus trucos para burlarnos y, muchas veces, con el propio pueblo”, apunta.
Tablillas adentro
El problema del precio no es el precio, sino todo lo que tiene detrás. Desde las dificultades en la producción, hasta los problemas de comercialización y el “limbo” en el que caen la mayor parte de los vendedores de productos agropecuarios, sobre todo, los puntos de venta de la agricultura urbana.
La producción, de hecho, ha disminuido drásticamente en los últimos tres meses, sobre todo, debido a la sequía. “La ausencia de lluvia afectó las hortalizas del Valle de Caujerí, el boniato que produce San Antonio del Sur y Manuel Tames, y la malanga de Maisí. Ahora mismo, las mayores cosechas son de plátano y yuca.
“Esa circunstancia productiva se expresa en lo que hoy se expende en los mercados, asegura Noslen González Carmenati, especialista comercial de la Empresa provincial de Acopio, y es también la causa de que no podamos abrir un mercado mayorista para los puntos de la agricultura urbana (más de 400) y los carretilleros”, declara.
Pesan también, en esta historia, las dificultades en la ratificación de las producciones reales en cada cooperativa, “las formas productivas no ejercen un control suficiente sobre los campesinos, y estos incumplen con Acopio, al tiempo que de esas mismas tierras salen los camiones cargados de manera ilegal hacia los mercados de la ciudad, pero también hacia otras provincias”, relata.
La concreta, reconoce José Francisco Saiz Machado, delegado de la Agricultura en Guantánamo y Caimanera, “es que los carretoneros y los puntos reciben los productos agropecuarios por diferentes vías y de una manera no organizada, que pasa muchas veces por las ilegalidades, pero igual tienen que cumplir los precios”.
La otra variable de los costos en estanterías privadas son las ofertas en los establecimientos estatales: mientras sean menos las opciones de los últimos, más el pueblo depende de los primeros.
Alfredis Durán, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial que atiende la esfera de los alimentos, reconoce esa realidad y la imposibilidad del Gobierno local para suplir las necesidades de la población.
“Lo previsto es que, en unos años, comercialicemos 30 libras de viandas, hortalizas, granos y frutales per cápita al mes, de acuerdo con el programa de autoabastecimiento municipal. Hoy, no lo logramos, objetivamente, no tanto por la cantidad, sino por la variedad de la oferta. El problema, recalca el funcionario, es fundamentalmente productivo, porque, incluso, en medio de esta coyuntura se prioriza el acopio de las producciones”.
Así las cosas, pareciera que la solución más a la mano para que los precios topados tengan un feliz viaje del papel a las tarimas queda en el enfrentamiento, en una población que se resiste a los costos por encima de los topados, y a la insistencia de los inspectores, tras las quejas.
Pero es, en realidad, mucho más complejo: requiere de soluciones estructurales que permitan darle algo de concierto a los diferentes actores de la comercialización, aperturas donde hagan falta y control donde es deficitario. Entenderlo de esa manera, debe ser el primer paso para cualquier solución que lo sea, de veras.
Aclarar qué ocurre con los puntos de la agricultura urbana no fue posible, por la negativa de la directora de la UEB de la Empresa de Granos Guantánamo de atender a la prensa. Como únicos comentarios, y a través de su secretaria, la funcionaria aportó que esos puntos son ilegales, lo que crea todavía más dudas.
Los concurrentes de la Punta, un mercado de oferta y demanda, aseguran que las estanterías vacías se deben a los altos precios de los suministradores, que no les permite ajustarse a los costos máximos aprobados por el gobierno, pero también a la falta de mercancías.