Más de 60 procesos penales se han realizado en Guantánamo desde el primero de agosto, como parte del enfrentamiento de las fuerzas del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República de Cuba contra coleros, revendedores y acaparadores, en medio del actual contexto socioeconómico, agravado en el país por la pandemia de la COVID-19.

Orleidis Asín Prats, fiscal jefe del Departamento de Asuntos Penales, informó a Venceremos que los delitos de mayor incidencia son Especulación y Acaparamiento, Actividad Económica Ilícita, Receptación y, en menor medida, Actos de Atentado, Desacato y Desobediencia a los agentes del orden en funciones organizativas en sitios de concentración de público.

Detalló que se han detectado infractores circulando en la vía pública con bienes adquiridos de forma indebida o que aprovechaban la comercialización en tiendas de divisas, MLC y moneda nacional para cometer transgresiones en complicidad con dependientes y administrativos. A su vez, registros sorpresivos en viviendas permitieron recuperar productos de la red de comercio minorista revendidos en el mercado negro.

El enfrentamiento resulta también en aplicación de multas de 500 a tres mil pesos; el decomiso de bienes; sanciones penales de trabajo correccional, con o sin internamiento; limitación de libertad, y la prohibición de frecuentar el lugar, sanciones impuestas a dos comisores, bajo observación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los tribunales.

Nueve personas fueron procesadas en los tribunales de Guantánamo y Maisí por Desobediencia, al ser requeridos por las autoridades por actividades ilegales, entre ellos, cinco de los denominados coleros. Se aprecia -aseguran los especialistas- infracciones en los sectores de Comercio y la Agricultura de la mayoría de las municipalidades.

Según Asín Prats, los productos alimenticios, agropecuarios e industriales incautados fueron retornados a las tiendas, para ser vendidos al pueblo bajo estricta observancia de las fuerzas del orden. También se distribuyeron algunos recursos a las instituciones sociales (Hogares de Ancianos, hospitales…) en coordinación con los Consejos de Defensa.