“No podemos hacer esto solos. Cuando la población denuncia, enfrenta…, somos más efectivos y constantes. Solo así, podremos controlar los precios”, asegura Joel Márquez Castillo, director de la DIS en la provincia. Mucho antes de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunciara el ordenamiento monetario con la advertencia de que no se permitirían precios abusivos ni especulativos, la batalla contra los altos costos en Guantánamo ya era un asunto de cada día para los casi 180 inspectores de la Dirección Integral de Supervisión, DIS.

Así le “entro” a Joel Márquez Castillo, director de esa entidad creada en el 2007, y asiente. “Claro que ahora es un trabajo prioritario, y lo es desde hace varios meses, cuando empezó a ser una de las principales preocupaciones del pueblo…”, aclara.

El tema es que tienen un accionar de larga data, aunque sin victorias definitivas. ¿Cuánto han hecho, por ejemplo, en este año?

Desde enero se han aplicado más de 600 multas por el Decreto-Ley 357 del Consejo de Estado –más de la mitad en los últimos días-, sobre las contravenciones en el trabajo por cuenta propia, por alteraciones de precios y vender sin licencia; y cerramos, además, 18 puntos de la agricultura urbana que se negaron a vender por los precios establecidos.

Sin embargo, la realidad es que solucionan algunos casos pero los precios, en general, siguen subiendo. ¿Qué hacen diferente, para lograr resultados mejores?

Trabajamos en la preparación de los supervisores, y la ampliación de la supervisión, más allá del horario laboral…, porque sabemos que las violaciones se han “mudado” para después de las seis de la tarde.

Evaluamos, además, la efectividad de las medidas y retiramos las licencias a los reincidentes que no pagan sus multas, con la consiguiente vigilancia para que no sigan vendiendo de forma ilegal.

La detección de las casas almacenes es otro punto fuerte y con resultados. En los últimos días en la calle 7 Oeste, hacia el sur de la ciudad, se hicieron varios operativos y se vendieron alimentos a la población a precios justos.

Reforzamos la práctica de actuar como clientes, porque uno pasa por los puntos y tienen los precios topados, pero cuando una persona se acerca le dicen que ese listado es para los inspectores, pero el precio real es muy superior. Para ello organizamos cruzadas de supervisores entre los municipios.

Adoptamos, como medida fundamental contra los infractores no el decomiso de productos, que es más complicado para nosotros, sino la subsanación de la violación, lo que llamamos venta forzosa. Eso ha sido muy efectivo, y la gente ha reaccionado.

¿Tengo entendido que se han incrementado las llamadas de alerta y la cooperación de las personas?

Recibimos un promedio de 10 llamadas al día. La gente detecta la violación, avisa y nos espera a veces en el mismo punto, porque si el inspector está ahí lo más probable es que puedan comprar según los precios establecidos.

El viernes pasado, propiciamos la venta a precios justos de unas 150 libras de carne de cerdo, más de 200 de malanga, 50 de zapote, y el sábado, en municipios, de 50 libras de malanga, por citar algunos ejemplos.

Cuál ha sido la reacción de los vendedores, cerrar puntos y situarse en casas. Ya trabajamos en eso. El enfrentamiento popular es fundamental; porque el supervisor pasa un día en un momento, pero la población está todo el tiempo y sabe.

Los costos “alterados” ya están en todas partes…

Lo sabemos y, ahora mismo, hacemos un trabajo profiláctico con los cuentapropistas del sector de los alimentos, la venta de bebidas…, que también tienen precios topados. Hoy la cerveza se vende hasta 60 pesos, cuando debería expenderse a la mitad de ese precio, por citar un ejemplo. Después, empezará el enfrentamiento.

¿Qué es un precio abusivo, especulativo?

Todo lo que sobrepase los topados. La carne de cerdo que debe ofertarse a 20 pesos, y hoy se cotiza hasta en 60, el frijol que no encuentras a menos de 25, el ají que debía costar cuatro y anda por los 20. Y podría seguir, hablar de la pizza, de alimentos elaborados…

Esos son precios abusivos, que van contra la voluntad estatal de subir salarios para mejorar la capacidad adquisitiva de las personas.