Niños y adolescentes jugando en grupos, escuchando música en la vía pública, deambulando sin el control de los padres, participando junto a adultos en aglomeraciones, fiestas, e incluso, en ríos, son solo algunas de las violaciones más comunes detectadas por la Fiscalía General de la República de Cuba en Guantánamo en recorridos por los Consejos Populares.

La fiscal provincial Carmen Sugranyes Ramos, especialista del Departamento de Protección a la familia y Asuntos jurisdiccionales, asegura a Venceremos que tales comportamientos muestran el incumplimiento de madres, padres o tutores con la responsabilidad de la protección a los menores de edad y los exponen a la enfermedad.

Estas acciones -señala- pudieran ubicar a los tutores legales como violadores del Decreto Ley 31 del 2021, el cual sanciona las infracciones sanitarias, o como autores de delitos que atentan contra el normal desarrollo del menor, e implica medidas penales, de comprobarse un mayor nivel de gravedad o reincidencia.

“La inobservancia de las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias puede implicar sanciones de privación de libertad de tres meses a un año, multas o ambas, agravándose la sanción de tres a ocho años si realiza de forma maliciosa la propagación o la facilita”.

Aunque en la provincia no se han radicado denuncias a padres por un posible delito de Propagación de epidemia, en las visitas de la Fiscalía de conjunto con Oficiales de Menores, inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y factores comunitarios a diferentes zonas del territorio para detectar las violaciones de las medidas dictadas por el Consejo de Defensa, padres o tutores ha recibido advertencias oficiales.

Ante violaciones infraganti y en los casos reiterativos o de mayor gravedad se aplicaron multas administrativas, detalla la fiscal, quien apunta su preocupación por la poca percepción de riesgo de las familias, justo cuando se experimenta un alza de los infectados por SARS-COV-2 en los últimos 15 días.

Sugranyes Ramos indicó que la Fiscalía, en coordinación con la dirección de Salud realiza estudios sobre las causas y condiciones del incremento de esta enfermedad en los niños y cómo la responsabilidad de los representantes legales o familiares a cargo pudiese favorecer esta situación.

También dan seguimiento a las instituciones sociales donde se acogen a niños sin amparo familiar, al Centro de Atención Especializada de la Conducta, y Hogares Maternos para comprobar el cumplimiento de los planes para evitar eventos institucionales.

La Ley 83 (Ley de la Fiscalía General de la República) faculta a esa institución a ejercer especial protección sobre los derechos de los menores, al otorgarles la potestad de representar a los infantes, proteger sus bienes y derechos, controlar las instituciones que los acogen y actuar cuando se aprecie un quebramiento de la legalidad.

“La intención final no es penalizar, sino evitar el contagio de los infantes y adolescentes. Por eso es el llamado a las familias guantanameras a extremar los cuidados a nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos sabemos de las secuelas que en el orden sicológico y físico deja la enfermedad, pero peor es cuando el desenlace termina con la pérdida del familiar”, afirma la fiscal.

Hasta la fecha Guantánamo no ha tenido ninguna muerte pediátrica por COVID-19, pero sí un deceso materno por complicaciones asociadas a ese virus, y otros 25 guantanameros también perecieron desde que empezó la epidemia.

Cada vida perdida representó a alguien que dejó hijos, nietos, madres, padres, abuelos, amigos... por eso es necesario cuidarnos todos para que el dolor no sacuda los hogares, y nuestros niños y adolescentes crezcan sanos, felices ¿acaso es tan difícil?