Más de 16 mil servicios e ingresos por encima de los 20 millones de pesos fue el saldo cuantitativo de la Organización de Bufetes Colectivos (ONBC) en Guantánamo en el 2022, se supo en la asamblea presidida por Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Junta Directiva Nacional de la organización.

Los principales aportes corresponden a trámites especializados, y en menor medida a temas civiles que, a decir de la Máster en Ciencias, deben incrementarse a tenor de las nuevas leyes, sobre todo el Código de las Familias, en relación a migración, violencia contra la mujer, entre otros temas.

En medio de ese escenario, insistió, lo más importante es “estudiar, prepararnos en las nuevas leyes procesales, las civiles ya aprobadas y las que entrarán en vigor en lo adelante porque están en el cronograma legislativo, para cumplir la misión fundamental de asistir y representar a los ciudadanos”.

Al respecto, el Máster en Ciencias Adolfo Rodríguez Fernández Rubio, director provincial de la ONBC, llamó a hacer uso de los cursos online para la actualización de los abogados y técnicos de la organización profesional, con empleo de las líneas de celular disponibles.

En este sentido, Dayron Salazar Caramazana, vicepresidente de la organización profesional en el territorio, apuntó entre las fortalezas de los últimos meses la concreción de espacios de superación orientados especialmente a mejorar la calidad del servicio, incrementar la eficiencia y reducir las causas morosas.

Con las miras en los nuevos escenarios, se estableció un bufete provincial para la defensoría de oficio a partir de las nuevas leyes procesales con el objetivo de acompañar a los ciudadanos desde el inicio de las causas penales, incluso si no pueden pagar un abogado.

También, a raíz del incremento de la demanda de trámites, empezó a funcionar como extensión y con pocos servicios que este año se consolidan, una nueva oficina de servicios jurídicos en la sede de la directiva de la ONBC en la ciudad de Guantánamo.

Entre los aspectos a mejorar destaca la calidad de los servicios jurídicos de manera general, el acceso a la superación profesional y la morosidad excesiva de procesos, sobre todo los jurídicos civiles y los administrativos relacionados con la Agricultura y la Vivienda, imputables a los abogados o las entidades.