La contaminación -que no se vea, no quiere decir que no exista- y la precariedad convergen en el conocido como Barrio del Ceprú.

Porque era indispensable más de una respuesta sobre un proceso inversionista en marcha en un área donde antes hubo un gigantesco basural, hace cuatro años nos recibió en su oficina de la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en Guantánamo, Henry Terrero Lores, entonces su presidente.

 

La promesa de que el Gobierno local reevaluaría “urgente y definitivamente” el tema, con las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Citma, fue una de sus aseveraciones para el reportaje Zona en conflicto (Juventud Rebelde, 22 de junio de 2019), de estas autoras.

 

Si se determinaba que el área no era idónea -algo que, incluso en ese momento, era evidente para las autoridades del Citma, según regulaciones internacionales bien claras-, “hay que sacar a las personas y moverlas a los lugares que se están estudiando como áreas de desarrollo”, aseguró el funcionario.

 

Tal decisión corregiría el despropósito de entregar parcelas para construir viviendas sobre las ruinas de lo que, en su momento, fue un novedoso y mundialmente renombrado Centro Ecológico de Procesamiento de Residuos Urbanos (Ceprú), ubicado en la comunidad de Isleta, al sur de la ciudad del Guaso.

 

Lo que consideramos una zona de conflicto, ha dejado de serlo. Hoy es como tierra de nadie, o de casi nadie. Un lugar polvoriento con una comunidad viva: gente que permanece, conociendo o no los riesgos, y sobrevive, inclusive, sin las condiciones básicas; más que nada, porque no tiene alternativa.

Irania tiene ganados, en buena lid, varios premios incluidos el del Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la categoría de Innovación y Creatividad, y el Nacional de Medio Ambiente 2006, del Citma.

 

Lo que ha pasado...

 

Las respuestas a qué se ha hecho para corregir la ilegalidad ordenada y aprobada por el Consejo de la Administración Municipal debían llegar, lógicamente, de los representantes del Gobierno a esa instancia. Pero no sucedió, a pesar de múltiples intentos.

 

Sí respondieron Rafaela Sevillano Andrés, al frente de la Dirección municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo Guantánamo (OTU), y Ernesto Torres Hermosilla, jefe del Departamento de Planeamiento.

 

“Se trasladaron, afirman, 24 viviendas ubicadas en el área donde consideramos que pudieran existir los mayores riesgos”, hacia una zona cercana al Policlínico de Especialidades Pediátricas, en el extremo suroeste de la urbe, y excepto por una
construcción pendiente de mover, por ser de mampostería, se dio el caso por cerrado.

 

La determinación de esas “áreas más peligrosas” resultó, explicaron, de una serie de entrevistas a trabajadores del Ceprú, que funcionó de 2000 a 2012, y una visita presidida por el Gobierno municipal, y representantes de Higiene, Epidemiología y Microbiología, el Citma, la Empresa Eléctrica y Recursos Hidráulicos, unos días después del reportaje de marras.

 

Sin embargo, ese procedimiento obvió que el vertedero, que ocupaba un área de 3 mil metros cuadrados, y según vecinos antiguos llegaba hasta los límites de la calle principal de Isleta -dicho de forma más clara, toda el área que se entregó para viviendas-, existía desde 1987.

Tampoco tuvieron en cuenta que desde febrero de 2017, el Citma dejó en claro su preocupación por las “reiteradas violaciones” de Planificación Física (hoy OTU), “con respecto a las autorizaciones de parcelas y terrenos” que entregaron “sin las consultas correspondientes”, en un documento emitido por el Grupo de Regulación Ambiental.

 

Las razones, enumera, se relacionan con el manejo de los residuos sólidos urbanos, esparcidos en capas delgadas y cubiertos con tierra -lo que se conoce como técnica de relleno sanitario-, el hecho de que allí entraban “residuos sólidos peligrosos (...) para la salud humana y el medio ambiente”, y la “alta contaminación por metales pesados”, según arrojaron “estudios de (Instituto de) Suelos realizados por la administración del Ceprú”.

En varias ocasiones, Giobany ha solicitado un terreno para construir. En donde está, con su familia, conviven cinco personas en un espacio muy reducido.

Otras señales

 

A esa señal en rojo, le siguieron otras dos cartas a la Dirección municipal de Planificación Física –mencionadas en Zona de conflicto- y una respuesta reciente de Jesús Martín Pérez, delegado territorial del Citma, que declaró Con lugar la denuncia de Irania Martínez García, artífice del Ceprú.

 

Fue Irania quien revivió el interés y la alerta sobre “los riesgos para la salud de las personas del barrio”, con una serie de quejas que tramitó en varias entidades y con las máximas autoridades políticas y de Gobierno del territorio, y, eventualmente, ante este medio de comunicación.

 

“Desde 2009, explica la ambientalista, un estudio de los abonos que producíamos en cuatro Ceprús de la provincia, incluido el de Isleta, determinó el efecto negativo de las crecientes concentraciones de metales pesados en la actividad microbiológica del suelo, sobre todo, el plomo y, en menor cuantía, el cadmio, cuyos valores sobrepasan ampliamente los permisibles según las normas internacionales”.

 

El informe final del proyecto Determinación de metales pesados en abonos y substratos orgánicos, emitido por el Instituto Nacional de Suelos, del Ministerio de la Agricultura el Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear y el Citma, al que se refiere Irania, fue emitido en 2009, mucho antes de que comenzara esta historia.

 

Vale aclarar que solo se muestreó el contenido de las capas superiores de los compost de esas áreas, de modo que el estudio no demuestra necesariamente que los citados elementos estuvieran en toda el área. Lo irónico del asunto es que nadie, ni Vivienda que recibió la zona, se preocupara de realizar estudios más profundos en un lugar tan cerca de poblaciones humanas, y todavía más, una vez propuesto el cambio de uso.

 

Alexánder Fernández Velázquez, jefe del Departamento de Instrumento de Políticas Ambientales, adscrito a la subdelegación de Medio Ambiente, del Citma, comparte la lógica: todo peligro “fue alertado a nivel local y nacional” desde que se deslindaron las parcelas, y a estas alturas “hay una sola solución, y es quitar el asentamiento, y le corresponde al Gobierno”.

 

Pues la ilegalidad, que básicamente ocurrió cuando se permitió la urbanización de un área sin los permisos de las ocho entidades de consulta obligatoria, estuvo signada por “una presión del Gobierno municipal sobre el Instituto de Planificación Física, para construir las viviendas.

 

“Nunca se solicitó el estudio del suelo del que habló el Gobierno (en 2019), y si así hubiera sido, responderíamos que era responsabilidad del inversionista, Vivienda, o de los que causaron el problema, OTU y el Gobierno. Pero ni era necesario: se sabe que, sobre un vertedero, no se construye un asentamiento humano”, recalca Fernández Velázquez.

Aunque no descarta que a largo plazo aparezcan daños a la salud, a la doctora del consultorio médico que atiende la comunidad del Ceprú le preocupan otros problemas, como el abasto de agua y la deficiente higiene.

Más “pesado” de lo que parece

 

Que no se pueda construir sobre un vertedero va más allá del concepto básico de crear una vida encima de la suciedad: una capa de asfalto sería suficiente para “lavar” mugres pasadas, pero no es el caso.

 

El relleno sanitario, alerta el citado especialista del Citma, “genera de manera natural gases (metano) resultantes del proceso de descomposición de desechos sólidos. En el Ceprú, en efecto, hemos tenido reportes de emisiones”.

 

También está suficientemente documentado el hecho de que los metales pesados son parte de los contaminantes que contiene el lixiviado, este es generado por la descomposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) sobre todo, en vertederos mezclados, como era el caso del existente en Sur-Isleta.

 

Entre los metales más frecuentes en estos compuestos están el plomo, el cadmio y el mercurio, con probados efectos negativos sobre el medio ambiente, y en especial, la salud de los seres humanos, tal y como alerta la creadora del método Ceprú, elegida en 2007 por votación pública como Heroína Anónima de la televisora CNN en defensa del planeta.

 

Ángela Niurka Creagh Guibert, licenciada en Química y especialista de la Unidad Científico-Tecnológica de Base (UCTB) Instituto de Suelos Guantánamo, precisa que el plomo y el cadmio son considerados “de los más peligrosos y tóxicos”.

 

Según la Agencia Española para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, “la peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente degradables. Una vez emitidos (...) pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años, contaminando el suelo y acumulándose en las plantas y los tejidos orgánicos”.

 

De hecho, en respuesta a inquietudes de la multipremiada ambientalista, en diciembre de 2022, la jefa en funciones del Departamento de Higiene Comunal, reconoció en una carta, que en 2016, el Departamento de Salud Ambiental del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, “dictaminó que los riesgos mencionados realmente existían, y se evaluó la posibilidad de que se generen sustancias que afectan directamente a la salud (...)”.

 

No obstante, la misiva concluye que “hasta el momento, en nuestro centro no se han recibido quejas de afectaciones a la salud por los convivientes de este barrio o viviendas colindantes”.

 

A la doctora Kenia Ramírez Tejeda, especialista en Medicina General Integral, que atiende el área desde hace casi un lustro, tampoco le consta que haya enfermedades relacionadas con metales pesados, “ni nada que me haga sospechar.

 

“Me preocupa este tema, continúa, pero no como en tiempos atrás, porque me informaron que sacaron a varios pacientes de las zonas más peligrosas”, apunta.

 

Como problemas más apremiantes, enumera las malas condiciones estructurales de las viviendas. Más de la mitad son de piso de tierra, y la mayoría tiene un solo cuarto y acoge a más de dos personas. Hay deficiente evacuación de residuales, y letrinas en mal estado.

 

También menciona la gran cantidad de polvo en el ambiente, y la inexistencia de un sistema de abasto de agua, lo que hace difícil mantener la higiene, “y requiere trabajo de promoción para incrementar la cultura sanitaria y cambiar hábitos y costumbres, como el tratamiento al agua, la limpieza del hogar y el lavado frecuente de las manos. En esto, estamos incidiendo”, afirma la doctora.

 

Convergen enfermedades como parasitismo, sobre todo, en edades pediátricas, asociado a la tierra y lesiones eritematosas en la piel, relacionadas con procesos alérgicos. Hay niños con enfermedades crónicas de la infancia, trombopatía, trombosis del colon, epilépticos, parálisis cerebral infantil y asma bronquial.

Al Ceprú el agua llega por mangueras autogestionadas desde tuberías solidarias, cargada a cubo o al precio que les parezca a quienes la venden..

 

La suerte de la hierba…

 

Mientras se deslindan responsabilidades, los habitantes del Ceprú siguen su vida como pueden, que es de manera precaria, sin servicio eléctrico ni abasto de agua regular, en viviendas que, por lo general, del sustantivo solo tienen que son “vividas”.

 

Y eso se expresa en que la inmensa mayoría -y no generalizamos por pura objetividad y la OTU no tiene el dato- tampoco cumplen los requisitos de habitabilidad para tramitar la propiedad del inmueble y, por tanto, su libreta de abastecimiento.

 

Lo ideal, dicen los funcionarios de Ordenamiento Territorial, al margen de las evaluaciones del Citma, “es que las personas que viven allí corran los trámites, tengan la resolución de terreno, soliciten regulaciones urbanas, busquen la licencia de obra, construyan y legalicen”.

 

Allí, continúan, “lo que falta es urbanizar el barrio..., pero eso tampoco lo hacemos nosotros, sino Vivienda, que es el inversionista, y tampoco hay cómo. De hecho, hace casi una década, no se otorgan terrenos en áreas nuevas, justamente porque no se financian planes de urbanización, para poner agua, electricidad, viales...”.

 

El problema, empero, no es solo de infraestructura. En 2019, Carlos Manuel Cepeda, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, reconocía que allí se ubicaron “a las personas más necesitadas, pero también las de mayores dificultades económicas, muchas de las cuales aspiraban a un subsidio que no han podido lograr”. Y eso, no ha cambiado.

 

No es un barrio ilegal, en teoría, aunque no hay que levantar mucho polvo para darse cuenta de que entre parcela y parcela, hay pequeñas casitas de cartón o materiales varios que nadie ordenó, y de los que se beneficiaron con terrenos otorgados por el Consejo de Administración Municipal, no quedan muchos.

 

“Quien pudo, vendió, cambió o simplemente se fue”, nos dicen cuando indagamos sobre una familia que entrevistamos para el reportaje anterior, y sigue su camino. Hay muchas casas cerradas, y abiertas, con letrero de Se vende, y otras que cambiaron de dueño, hasta más de una vez. Pero, incluso, quienes se quedaron no se salvan del limbo.

 

“Esto -testifica Giobany Rodríguez Jardines, miembro de la ANCI- es lo que pudo levantar mi mamá, y aquí estoy con mi esposa y tres de mis cuatro hijos, uno de ellos con una colostomía debido a una enfermedad en el intestino. Todos juntos en el mismo cuarto, a pesar de que yo también solicité un terreno para construir”.

 

La casa, de seis metros de ancho por 12 de largo, tiene paredes de madera, techo de zinc y piso de tierra, y en el patio un espacio donde se acumula la basura en espera de ser quemada, y otros dos, al fondo, que se usan como letrina y bañadera.

 

Preguntamos por las enfermedades y Yaikelin se encoge de hombros. “Aquí los muchachos viven con catarro y granos en todo el cuerpo, incluyendo el que tengo enfermo. Se tenía que operar en Holguín, para revertir la colostomía, a los dos años, pero cada vez que vamos me lo viran por algo”.

 

Tampoco, y esto es un reclamo que nos perseguirá -literalmente- durante los recorridos por el barrio, tienen libreta de abastecimiento. ¿De qué viven? “De mi salario como vicepresidente de la ANCI y de lo que aparece”, responde el hombre.

 

La falta de la libreta implica muchas cosas. Los que están en núcleos de personas con ánimos de ayudar, recogen el pan, las libras de arroz, el aceite, el azúcar, los granos... pero, incluso, los más favorecidos pocas veces acceden a los productos que, desde la COVID-19, se venden por medio de Cimex y Tiendas Caribe.

 

En la casa que Heberto Barrera Silva comparte con su esposa hay algo más de prosperidad. La luz eléctrica llega por el cableado endeble de una tendedera, y no hay agua corriente, pero tiene el piso pulido y varios equipos electrodomésticos que, empero, se les rompen cada dos por tres.

 

“Mi mayor preocupación es la falta de legalidad para pedir un contador, por ejemplo. Cada año, nos citan en la OTU para tramitarnos los papeles, y vamos por gusto. Te piden piso, meseta y baño pulido, y hasta agua dentro de la vivienda, cuando ni siquiera han puesto una tubería. Eso molesta. ¿Para qué nos citan? Es como si se estuvieran burlando”, opina.

 

En medio de todo, Milagros Turcaz Iznaga podría ser una privilegiada: “Me dieron un subsidio de 90 mil pesos y pude hacer baño, cocina y un cuarto sin terminación. El problema es que me quedan 12 mil, y con los precios de ahora y la escasez, ese dinero es nada”.

 

Asmara Durruthy Herrera, con cinco hijos y embarazada, nos lleva hasta su casa, otro cuadrado de cartones y tablas con el piso irregular y de tierra, y se declara cansada de pedir un subsidio, mientras saca el tema de la política gubernamental de beneficiar con una vivienda a las madres con tres niños o más.

 

En la calle que marca el límite con la “zona mala”, Yarisleidy Hechavarría Correa ocupó ilegalmente una construcción minúscula hace seis meses, "huyéndole a la violencia de su expareja y la convivencia en casa ajena", según alega.

“Lo más difícil es el agua y la corriente..., pero por lo menos tengo tranquilidad. Hace un tiempo, vino la familia del dueño a sacarme, pero de aquí no me voy. Soy una mujer enferma –enumera varias dolencias, incluido un cáncer-, vivo de una chequera y tengo dos hijos, los dos en escuelas de conducta”.

El dilema es difícil. Quien vive en el Ceprú quiere y necesita tarjeta, agua y electricidad, y se encoge de hombros ante palabras tan antipáticas como metales pesados y contaminación. A sus ojos, el peligro ya no existe porque estaba solo allá atrás, de donde sacaron a varias familias.

 

Solo que el allá atrás es, quizás, la parte más visible de un problema del cual no están exentos, y eso es una verdad que, este reportaje, más que descubrirla solo la recoloca en el ojo público, de donde nunca debió haber salido. A fin de cuentas, aunque lo parezca, ese recodo de suelo contaminado, no es tierra de nadie.

Bien pesados

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      Los metales pesados tóxicos afectan los órganos vitales del cuerpo humano cambios en la estructura genética del ADN, produciéndose una serie de tipos de cáncer, según los reportes de investigadores realizados en animales y encontrados en humanos.

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        La concentración de metales pesados en los seres vivos aumenta a lo largo de la cadena alimentaria.

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     Está demostrado que la exposición prolongada a pequeñas dosis de plomo superiores a 5 mg/dl está asociada a efectos subclínicos, tales como hipertensión, daño en la función renal, disfunción cognitiva y trastornos en la reproducción.

Según la OMS, el plomo es causante de 600 mil casos nuevos de discapacidad intelectual en el mundo cada año. Está presente en el ambiente y en emisiones derivadas de actividades humanas. La toxiconicética del plomo empieza con la exposición de un individuo por vía respiratoria, gastrointestinal y, durante el embarazo, mediante la movilización del plomo en el hueso materno, el cual ingresa al torrente sanguíneo y cruza la barrera fetoplacentaria.