Insatisfecha con el argumento expuesto, al desaprobarla como excepcionalidad para la instalación de un teléfono, Ángela Orozco Videaux, especialista en gestión económica y trabajadora precisamente de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) desde hace más de 35 años, nos escribe y expone las razones de su inconformidad.
Convencida de que su caso se ajusta a lo establecido en la Resolución 251/2013 del Ministerio de Comunicaciones (las autorizaciones excepcionales de asignación del Servicio Telefónico Básico en el sector residencial a personas naturales, se otorgan por interés del Gobierno, debido a las funciones que estas realizan, y a quienes requieren atención especial, entre los que se encuentran los discapacitados), el día 14 de junio del presente año, hizo la solicitud según el procedimiento establecido.
Tanto en la misiva a la Gobernadora de la provincia, como en la que envió a Venceremos, Ángela, quien vive sola en un apartamento del edificio 7, ubicado en la calle 14 norte, entre 5 y 6 oeste, en el reparto Caribe, explica la necesidad de ese servicio, pues desde los 13 años padece limitaciones motoras provocadas por fracturas múltiples, que se han agudizado con el tiempo a la altura de sus actuales 57 años de edad.
“En septiembre del 2021, al dirigirme al trabajo sufrí una caída debido a limitaciones motoras que tienen como base desencadenante el hecho de poseer una de mis piernas centímetros más corta que otra”, señala textualmente en su carta, a la cual adjunta documentos médicos que certifican, además, que sufre artrosis en ambas rodillas e hipertensión arterial.
Sin embargo, el 21 de julio último acude a una cita del jefe del departamento de Atención a la Población del Gobierno Provincial, donde le informan que no fue aprobada su solicitud porque aún está laboralmente activa y próxima a la jubilación, un argumento que en ninguna de sus partes contiene la citada resolución.
Entonces, con mucha lógica, ella se pregunta:
¿Acaso cometí un error al sobreponerme a mis limitaciones físicas, y luego de haber aprovechado los beneficios y oportunidades dada por la Revolución de estudiar una carrera universitaria, incorporarme a trabajar para aplicar mis conocimientos y no ser una carga para mi familia ni para el Estado? ¿Qué debía haber hecho, no superarme profesionalmente, solicitar ayuda económica al Gobierno para tener derecho a la instalación del servicio telefónico?
¿Si lo solicita otra persona con limitaciones físicas que, aunque sepa que puede aportar a la sociedad, como lo hacen muchísimas personas en nuestro país, decide, por el contrario, vivir de la seguridad social sentada en su casa, a esas si los beneficiarían con tal excepcionalidad?
No me parece, responde ella misma en su misiva. “Creo que hay, en esa valoración de mi caso, bastante insensibilidad porque ¿acaso no analizaron que he tenido que esforzarme el doble de lo que puede hacerlo un ser humano sin impedimentos de salud alguno?
Y claro, no es la negativa en sí, es la falta de argumentos sólidos que una persona preparada y sacrificada como Ángela seguramente entendería. Pero está molesta y decepcionada.