Si al Ángel Vargas Olivares del 2021 alguien le hubiera dicho que a la fecha de hoy aún no se ha restablecido la legalidad en el Doble Dos, sito en Santa Rita # 621 entre Paseo y 1 Norte, en la ciudad de Guantánamo, y sede de la sociedad de dominó que él preside, seguramente le hubiera dicho que estaba loco y “le diera agua a ese dominó”.

Veamos el caso: una vecina, abogada y trabajadora del sistema de vivienda con ganas de ampliarse, “lucha” con ganas un local aledaño que funcionaba como sociedad dominista desde hace 67 años. Y, un buen día, a finales de diciembre, decide romper una pared, irrumpir y poner un candado por dentro. La violación podría haberse resuelto en menos de 24 horas.

Los principales funcionarios de Vivienda, la Fiscalía, el Gobierno, a la instancia municipal y provincial, puestas al tanto, casi inmediatamente estaban allí. La Policía también, a pesar de ser un día en el que cesan muchas instituciones por los festivos de fin de año. El asunto luego trascendió a los tribunales, Planificación Física…

Entretanto, fue muy conveniente -demasiado-, que no apareciera la propiedad original del Doble Dos en los registros, con las lindes marcadas y a nombre de un socio que poco antes de su muerte lo había cedido de manera informal al Doble Dos, en funcionamiento desde hace 67 años.

Que los socios no tuvieran la propiedad del inmueble, un detalle si se compara con la antigüedad de su uso y el valor para la comunidad, implicó que no se les aceptara la denuncia y se desconociera su potestad para reclamarlo, pues ante de la muerte de su propietario formaba parte del patrimonio estatal. Ahora, la propiedad se traspasó al Índer o eso les informaron ¿Cambia el hecho de que alguien se lo apropiara de manera indebida? ¿Es menos el agravio a la legalidad? ¿Justifica que la comunidad pierda un sitio de esparcimiento? Se preguntan.

Todas las instancias de los poderes públicos, del orden, judiciales, administrativos…, sin distinción, han declarado ilegal la ocupación del espacio, pero, en la práctica, nadie ha ejecutado el desalojo -una palabra fuerte, pero que aplica perfectamente en este caso-, ni puesto fecha exacta para “restablecer la legalidad”, como ordenó la Fiscalía y, para los socios, resulta una frase ambigua.

En algún momento, los socios despojados de su sitio de encuentro acudieron a este mismo espacio y pusieron esperanzas; pero los vimos volver en otras tres ocasiones, contando esta. Ahora, consideran agotados casi todos los recursos en lo que, a su juicio, es un círculo vicioso de oídos sordos:

“No es lógico que uno se queje ante el Consejo de Estado y el caso regrese a las manos de quienes nos estamos quejando y que ocurra en todos los casos. ¿No se supone que esas entidades superiores tienen la última palabra? ¿De qué sirve?”, se pregunta y bien valen respuestas.

Algo de lo más reciente, cuenta el presidente, fue una carta al primer ministro Manuel Marrero Cruz, fechada en septiembre del año pasado. El tono, de principio a fin, es duro. Las palabras y las ideas claras:

“…el camino recorrido y aun no terminado, nos ha hecho reflexionar como revolucionarios que ese proceso o se arregla o terminaremos mal como ciudadanos al desaparecer funcionalmente el escalón superior de revisión de problemas de la ciudadanía”, reza la misiva y va más allá:

“La oficina de Atención de la Ciudadanía debe llegar a las provincias como órgano independiente de los Gobiernos y tocar con la mano los problemas, tiene que ser juez, contraparte, tiene que infundir respeto”.

A esas palabras se respondió con silencio. “En la oficina del primer ministro nos informaron que el caso se había mandado a la provincia. Pero aquí nadie nos llamó para dar respuesta. Cuando fuimos al Gobierno provincial nos confirmaron que habían recibido la comunicación. ¿Y?, preguntamos. La mandamos al municipio, nos respondieron. O sea, nada”.

Lo último, el 8 de diciembre, fue un despacho con la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular. “Ella nos dijo que el problema se iba a resolver… que la iban a sacar de allí. Pero sin término específico”.

Cumplido un plazo prudente y, lo saben, previsto en la Ley del Sistema de Atención a Quejas y Peticiones, regresan a esta columna… “A estas alturas, tenemos muchas preguntas, muchas cosas que no encajan, pero la fundamental es por qué todos dicen que no tiene derecho a estar allí, pero nadie la saca…”

Si suenan frustrados, enojados, recelosos, desilusionados…es porque lo están.