A menos de un mes para el cierre del plazo voluntario para la declaración y pago de la Declaración Jurada (DJ) sobre los ingresos personales del 2023, Guantánamo está entre las provincias más rezagadas del país, confirma la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT).

Yordenia Rodríguez Mengana, especialista del departamento de Atención al Contribuyente de la entidad, precisó que los mayores atrasos se registran en el sector agropecuario, pues solo presentaron su DJ-12 unos 3 mil 500 contribuyentes, el 30 por ciento de los obligados.

Mientras, de los más de 14 mil 500 trabajadores por cuenta propia, artistas, comunicadores sociales y diseñadores que este año debían presentar la DJ-08, solo han cumplido unos 6 mil 700, para un 46.1 por ciento de cumplimiento, una cifra notablemente inferior a la del pasado año.

Los municipios con más dificultades son Baracoa, que retrocedió significativamente desde la campaña anterior -de un 81 por ciento en DJ-08 pasó a 18 por ciento y, en el sector agropecuario, del 77 al 1,2 por ciento-, seguido por Manuel Tames e Imías, en ese orden.

Baracoa, insistió Rodríguez Mengana, tiene el más grande peso en los bajos por ciento de la actual campaña, pues es el segundo municipio con mayor cantidad de contribuyentes, detrás de Guantánamo, donde también se aprecia lentitud en el cumplimiento de los deberes fiscales.

Ante esa realidad, la ONAT estrecha los lazos con los sectores relacionados, entiéndase Cultura, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, Transporte, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y con los gobiernos locales, sobre todo en los municipios más morosos.

La ANAP, sobre todo, se está acercando a las comunidades de las zonas productivas, se refuerzan las labores de comunicación en los medios provinciales, y se coordina el apoyo de estudiantes de la Universidad de Guantánamo y la enseñanza politécnica.

Finalmente, la funcionaria recordó que quienes no cumplan con el deber de presentar su DJ y pagar, si fuera el caso, pueden enfrentarse a embargos de sus cuentas, multas de hasta 5 mil pesos, recargos, cierre de negocios, regulación de entrada y salida del país, entre otras medidas previstas en ley.