La producción, tráfico y consumo ilícito de cocaína y la adicción a la marihuana y sus efectos nocivos a la salud, siguen siendo un grave fenómeno global que amenaza a la seguridad internacional y al que no escapa ningún país, a partir de las complejas, articuladas y sofisticadas redes del lucrativo negocio del narcotráfico, la proliferación de mafias organizadas, el empleo de corredores marítimos y aéreos en todos los puntos cardinales, que se entremezclan con tráfico de armas, personas, órganos y lavado de dinero.
Este lucrativo negocio genera más de 500 mil millones de dólares anuales en ganancias a costa del dolor y la esclavitud de más de 292 millones de personas adictas en el mundo, con edades principalmente entre 15 y 64 años. De esta cifra 11,2 millones de personas se inyectan drogas, multiplicadas con políticas de legalización en varios países, invasión global de drogas sintéticas y las deficiencias en la disponibilidad de tratamientos para las adicciones, que son algunas de las amenazas a la seguridad internacional.
La producción barata, fácil y rápida de drogas sintéticas ha trasformado rápidamente muchos mercados de drogas ilícitas. Los grupos delictivos que producen metanfetamina- la droga sintética de fabricación ilegal más extendida en el mundo- están tratando de evadir las respuestas policiales y las regulaciones mediante nuevas rutas para la comercialización.
La batalla de Cuba contra las drogas está avalada por una lucha prolongada, multilateral, e incansable y de principios desde que en la Sierra Maestra en octubre de 1958, Fidel estableció las primeras medidas contra la producción de marihuana en los territorios liberados por el Ejército Rebelde. Han pasado 66 años y la posición del Gobierno Cubano es invariable: no a las drogas.
Las afectaciones del tráfico internacional amenazan a Cuba desde el complejo entramado regional: la incidencia del tráfico en el Caribe, la existencia de rutas cercanas a nuestro territorio nacional y el arribo de paquetes arrastrados por las corrientes marinas de alijos y recalos.
Estos desafíos exigieron redoblar las acciones de vigilancia, persecución y enfrentamiento con un enfoque integral y coordinado entre los órganos del Ministerio del Interior, la Aduana General de la Republica, la Fiscalía y otros organismos participantes, junto al pueblo.
Los resultados de este trabajo confirma la voluntad política del Gobierno cubano de fortalecer continuamente el enfrentamiento al flagelo mundial del narcotráfico, en el que juegan un papel determinante, en el orden preventivo, las familias como estructura de contención.
Como se ha reiterado por las autoridades cubanas, múltiples han sido los escollos, las amenazas y los desafíos que afronta el país en la actual y compleja coyuntura económica para combatir a sangre y fuego el tráfico ilícito de drogas, pero prevalece como prioridad defender a toda hora en las fronteras, en las profundidades del territorio nacional, terminales, aeropuertos y en la amplia colaboración internacional, bilateral y en foros multilaterales, la firme y resuelta posición de tolerancia cero frente a la droga.
Desde lo legal, también se exhibe un robusto marco regulatorio, la ley 151 Código Penal, vigente, desarrolla en su capítulo V denominado Delitos contra la Salud Publica, desde el articulo 235 hasta el 238, las modalidades delictivas relacionadas con las drogas ilícitas o sustancias de efectos similares para sus autores o cómplices y fija sanciones de cuatro a 10 años de privación de libertad para el que produzca, elabore, trasporte, adquiera, introduzca o extraiga del territorio nacional o tenga en su poder con el propósito de traficar drogas ilícitas o sustancias de efectos similares.
La norma penal reserva igual sanción para el que cultive la planta Cannabis Indica, conocida popularmente como marihuana o posea sus semillas
Se agrava la sanción con un marco sancionador de 10 a 30 años de privación perpetua de libertad o muerte, si los hechos se cometen por funcionarios o empleados públicos, autoridades o sus agentes, si se emplean menores de 18 años, si los hechos acontecen en instituciones educativas, deportivas o establecimientos penitenciarios.
La norma penal establece también impone rigor, cuando se ocupan cantidades relativamente grandes o si el autor o autores tiene antecedentes penales por similar delito. En todos los casos, se procede como sanción accesoria la confiscación de los bienes.
Finalmente la ley reserva un marco sancionador severo que oscila de tres a ocho años de privación de libertad para el profesional que, autorizado para recetar o administrar drogas o sustancias de efectos similares, lo haga con fines distintos a los estrictamente terapéuticos.
Siempre con el más absoluto respeto a los derechos, garantías y al debido proceso penal, los tribunales cubanos en nombre del pueblo que representan actuaran con apego a la ley frente a quienes insistan y persistan en conductas delictivas de esta naturaleza, no habrá impunidad, la decisión es firme y resuelta.
El tráfico mundial de drogas nos desafía a todos y no hay otra opción que vencerla unidos.
