Estrategias y acciones para continuar enfrentando la actividad delictiva y eliminar o minimizar las condiciones que generan estos hechos fueron trazadas en la Plenaria del Delito que, en Guantánamo, evaluó el comportamiento de las negativas manifestaciones en el transcurso de 2025.
Yoel Pérez García, primer secretario del Partido en la provincia, y Alis Azahares Torreblanca, gobernadora, presidieron el evento en el que se dieron cita autoridades del Ministerio del Interior, de los órganos judiciales, organismos e Intendentes de los municipios.
De acuerdo con el informe presentado existe descenso del número de hechos delictivos respecto a 2024, como resultado de la vigilancia popular revolucionaria y el accionar conjunto de las fuerzas policiales, apoyados por las autoridades políticas, gubernamentales y de los dirigentes de organizaciones de masas.
No obstante, la situación delictiva es compleja, signada por el adverso escenario socioeconómico, y con las principales manifestaciones en hechos contra el ganado mayor, hurto, robo con fuerza, amenazas y lesiones. De enero a septiembre fueron procesados 2 mil 887 ciudadanos, la mitad nuevos comisores, y la mayor ocurrencia de delitos se registraron en los municipios de Guantánamo, Manuel Tames, El Salvador, Baracoa y Niceto Pérez.
Durante la Plenaria, el Primer secretario del Partido en la provincia reiteró que “en el contexto que vive el país, urge identificar las malas conductas y evitar la ocurrencia de delitos, porque no solamente dañan la tranquilidad ciudadana, sino también atentan contra el desarrollo de la economía, por el que se lucha en medio de tantas adversidades”.
Puntualizó que el enfrentamiento a las manifestaciones delictivas, antisociales, las inadecuadas relaciones y las distorsiones entre los sectores estatal y no estatal compete a todos, y no es solo un asunto del Ministerio del Interior o la Policía.
La Plenaria se pronunció por continuar trabajando desde el control y la prevención para erradicar el delito en todos los municipios, bajo la máxima de la protección ciudadana y sus recursos.
