Hombres de negocio, de empresa, “big men”, llegaron a considerarse quienes se creyeron capitalizadores del Rastro Sur, donde llegaron a amasar fortunas conjuntas de hasta 429 mil 338 pesos, resultantes de nebulosas prácticas para defraudar al Estado y hasta robar a los sectores poblacionales económicamente más vulnerables...
Maximiliano Castillo Matos, Joelquis Reyes Salazar y Edervys Abad Elizástigui, habían sido ciudadanos de normal conducta social y moral, hasta que comenzaron a desempeñarse como administrador, almacenero y facturador, respectivamente, de la tienda de materiales de la construcción Rastro Sur, de 1 Oeste entre 5 y 6 Sur.
En lo adelante, se convertirían en meros delincuentes: falsificadores, malversadores, estafadores… en fin, ladrones, tal y como se demostró en el juicio que le siguió el Tribunal provincial Popular en la Causa 305 de 2013, tras el cual se dictó contra ellos la sentencia 144 de 2014.
Maximiliano, de 47 años de edad, es vecino de Serafín Sánchez No. 779 entre Prado y Aguilera; Joelquis, por su parte, con 37 años vividos, tiene residencia en Aguilera (sin número) entre 16 y 17 Este; mientras Edervys, de 32, se domicilia en San Lino número 1268 esquina a 2 Sur.
Diferencias de saldos en inventario practicado al Rastro Sur, condujeron a una comprobación económica al establecimiento en el período enmarcado entre el 8 de marzo de 2012 y el 24 de noviembre del propio año, lapso en que fungió como “administraidor” el señor Castillo Matos.
El administrador de una entidad comercial, a quien el Estado acoge como persona respetable y leal, capaz de representar honradamente los intereses de la sociedad, es aquel que cumple las responsabilidades que se le confían:
Concilia vales de venta diarios contra dinero depositado en banco, mantiene el control de los productos en existencia y sus facturas de recepción, y confecciona las boletas de venta para el depósito bancario, remitiendo a la empresa, las copias de estas, entre otras obligaciones.
Un “administraidor”, por su parte, pisotea el control comercial. Eso hizo Maximiliano para embolsillarse 169 mil 95 pesos por ventas de materiales que constaban para el cliente en una copia del vale de salida, mientras el original era cancelado. El banco, “no la veía pasar” o recibía solo parte del dinero que ingresaba la unidad.
Así llegaba a su peculio el dinero estatal resultante de la venta de cemento, baldosas, mosaicos, acero, azulejos, balaustres, cables, pintura, puntillas, tanques plásticos, electrodos, ventanas, poli espuma, puertas y marcos de madera, purling, toalleros, tejas de zinc, bloques, arena, piedra, tuberías de PVC y accesorios de plomería…
Como si fuera poco, su “fortuna” engordaba adicionalmente a costa de las personas de muy bajos ingresos, a quienes el Estado subsidia para que adquieran los materiales necesarios para dignificar sus condiciones de vida. De ellas recibía los cheques y les “vendía” todos los materiales, incluidos aquellos que por desabastecimiento temporal no existían en la unidad y que nunca les fueron entregados.
Así “mordió” a varios ciudadanos, como Rigoberto Fuentes Leyva, a quien dejó de entregar 55 metros de purling por valor de tres mil 36 pesos (para su bolsillo después); a Jorge Rojas Joubert, 700 bloques valorados en tres mil 500 pesos; a Damaris Lores Díaz, 27 metros de acero (243 pesos); a Esmerilda Elías Lugo, dos llaves de empotrar y cinco junquillos (221 pesos), y a Juan Alberto Cala Jiménez, 44 metros de tubería y otros cuatro metros cúbicos de piedra (mil 292 pesos). En total, 8 mil 892 pesos.
Pero como “buen tiburón” se bañaba y con su tan denigrante como negligente actuar abría brechas delictivas a Joelquis y Edervys, a quienes contra toda lógica y directrices invistió de facultades para asumir las responsabilidades de cualquiera de los tres que faltara al trabajo, incluidos los depósitos bancarios.
Joelquis no desaprovechó “el filón” y violando sus obligaciones burocráticas como almacenero y adulterando el papeleo controlador de existencias, entradas, salidas, ventas… “metió la mano” por cuenta propia y por indicación de Maximiliano, quien en su momento le orientó dejar de ingresar al banco 18 mil 500 pesos, suscribe el acta de sentencia.
No obstante, Joelquis fue un “malversador moderado”, si se le compara con Edervys, un hombre “con ojos grandes” que aprovechó las brechas proporcionadas por Maximiliano, las facultades “ejecutivas” que había recibido de aquel, y “dio el palo mayor”: 231 mil 207 pesos.
Seguía el mismo guion de sus cofrades: vendía de todo cuanto hubiera en el Rastro Sur, entregaba al comprador, entregaba un vale de salida como constancia de la transacción y el original lo cancelaba.
También depositaba en banco menos dinero que el ingresado y para “tapar la jugada” adulteraba vales de salida del almacén en los que consignaba error en el importe real que rebajaba para adueñarse de la diferencia. Se calcula en 155 mil 497 pesos lo dejado de ingresar a las arcas del Estado.
Al dictar sentencia los jueces tuvieron en cuenta la alta peligrosidad social y económica del hecho, la incapacidad de los procesados de reintegrar el dinero robado y la indigna actitud ante la confianza depositada en ellos por el Estado para custodiar los bienes de la sociedad.
En consecuencia Maximiliano Castillo Matos, fue condenado por el delito de Falsificación de documento privado, de carácter continuado, como medio para malversar, a 13 años de prisión y la obligación de indemnizar a la Empresa municipal Comercial de Víveres, la casa matriz del rastro, en la suma de 169 mil 95 pesos.
Edervys Abad Elizástigui, por su parte, recibió una condena de siete años por el delito de Falsificación de documento privado de carácter continuado, como medio a fin para cometer el delito de Apropiación indebida de carácter continuado, y está obligado a resarcir a la empresa con 231 mil 207 pesos.
Joelquis Reyes Salazar, en tanto, por el delito de Apropiación indebida de carácter continuado cumplirá cinco años en presidio y tiene que devolver a la casa matriz los 29 mil 36 pesos que robó al Estado.
