La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) en Guantánamo enfrenta una escalada de vandalismo contra su infraestructura y un alarmante aumento del fraude digital, generando graves consecuencias que van más allá de las pérdidas económicas y afectan directamente la calidad de vida de la población y el funcionamiento de servicios esenciales.

El fraude digital se ha disparado. De apenas cuatro casos reportados en 2023, la cifra ascendió a 54 en 2024, ocasionando pérdidas superiores a los 170 mil pesos. La tendencia continúa al alza en 2025, con 24 casos ya registrados en los primeros meses.

Los métodos son variados y sofisticados: desde el uso de equipos que simulan centrales telefónicas para evadir la facturación, hasta complejos esquemas de recargas fraudulentas. Preocupa, especialmente, la utilización de personas de la tercera edad, quienes, aprovechando su desconocimiento tecnológico, son usadas como testaferros para adquirir múltiples líneas telefónicas que luego se destinan a estas actividades ilícitas. Cuando Etecsa detecta y bloquea estos servicios, se enfrenta al dilema de actuar contra el titular del contrato, quien a menudo es una víctima más del engaño.

Por otro lado, en lo que va de 2025, la División Territorial de Etecsa en la provincia ha registrado 12 incidentes de vandalismo, concentrándose la mayoría en el municipio cabecera. Estos actos, que incluyen el robo de cables, daños a equipos telefónicos y afectaciones a la planta exterior, han dejado una estela de interrupciones y costos significativos.

Lo más preocupante, según testimonios de funcionarios, es la aparente evolución de estos delitos. Si bien el robo de cable de cobre fue un problema en el pasado, los incidentes actuales muestran una "intención muy marcada".

Se han detectado cortes de fibra óptica en lugares remotos y de difícil acceso, sugiriendo acciones deliberadas que buscan causar el mayor daño posible, más que un simple hurto por necesidad económica. Estas acciones han llegado a impactar servicios críticos como escuelas, hospitales y comunidades enteras, evidenciando un desprecio por el bienestar colectivo.

Este fenómeno también se entrelaza con el crecimiento urbano desordenado. Se han descubierto asentamientos donde entre 30 y 50 viviendas se abastecen ilegalmente de electricidad utilizando cables sustraídos de la red de Etecsa, lo que destapa una problemática social más profunda que requiere atención integral.

Las consecuencias de estos actos delictivos son graves y multifacéticas. Cada corte de cable no solo representa una pérdida económica para Etecsa, sino que se traduce en interrupciones de servicios esenciales para los ciudadanos, que pueden prolongarse por días o semanas. La reparación se ve obstaculizada por la total dependencia de componentes importados –desde un simple tornillo hasta terminales especializados– lo que encarece y retrasa la restitución del servicio, consumiendo, además, parte de las escasas divisas del país.

Las autoridades reconocen que la vigilancia comunitaria es un factor crítico y a menudo deficiente. La escasez de recursos también dificulta el mantenimiento preventivo de una red extensa, especialmente en zonas rurales. A esto se suma una baja percepción del riesgo por parte de la población, que no siempre dimensiona la importancia de proteger la infraestructura de telecomunicaciones como un bien común esencial.

Es imperativo fortalecer los canales de denuncia ciudadana y desarrollar estrategias de comunicación más efectivas para educar a la población sobre las graves repercusiones de estos actos y las formas de engaño más habituales mediante el fraude digital. Enfrentar tal situación, es tarea de todos.