Más del 25 por ciento de la población en Cuba supera hoy los 60 años, una realidad que no por conocida ha sido del todo interiorizada. El trato hacia las personas mayores debiera ser en este contexto un indicador esencial para medirnos como sociedad y, sin embargo, más allá de discursos oficiales y leyes bien redactadas, persisten formas cotidianas, muchas veces invisibles, de violencia, abandono y desprotección hacia nuestros ancianos.
¿Qué dice esto de nuestra ética colectiva? ¿Entendemos, realmente, la importancia del cuidado a quienes lo han dado todo por nosotros y nuestra nación?
Cuando hablamos de violencia contra la tercera edad, la imagen que solemos representarnos es extrema: golpes, gritos, negligencias severas… pero la violencia contra los mayores se manifiesta también en gestos silenciosos: el despojo económico por parte de familiares, la indiferencia de una oficina estatal que los ignora en una cola, el abandono emocional de quien los dejan solos durante días, la falta de respeto a su voluntad sobre sus bienes y decisiones.
La legislación cubana ha dado pasos firmes al respecto. El Código Penal (Ley No. 151 de 2022) sanciona el abandono y maltrato con penas que van desde multas hasta prisión de cinco años. El Código de las Familias, aprobado por referendo en 2022, reconoció con claridad el derecho de las personas mayores a la autonomía, a ser cuidadas con dignidad y a no ser despojadas de sus bienes ni voluntad.
Además, la Fiscalía General de la República de Cuba ha intensificado su labor de supervisión sobre hogares de ancianos, casas de abuelos y centros de salud donde pudieran cometerse abusos. Sin embargo, como ocurre a menudo, la brecha entre la ley y su aplicación sigue siendo amplia. A menudo, las denuncias no prosperan, o ni siquiera son formuladas, por miedo, desconocimiento o falta de confianza en el sistema.
El sistema de salud cubano garantiza atención médica gratuita para todos, y existe una red de casas de abuelos y hogares de ancianos. También operan programas comunitarios como los círculos de abuelos, que promueven ejercicios físicos y socialización. Organizaciones como TaTamanía están comenzando a llenar algunos vacíos, especialmente en el cuidado a domicilio.
Pero no basta. La presión demográfica exige nuevos modelos de cuidado: más formación para cuidadores, mayor respaldo a las familias que los acogen, incentivos reales para el voluntariado intergeneracional, y sobre todo, una narrativa social que valore la vejez como una etapa de derechos y no de declive.
En el fondo, el maltrato a los ancianos no es solo un problema legal o logístico. Es una falla ética. Es el reflejo de una cultura que a veces idolatra la juventud y margina la experiencia. En muchas familias, se considera normal que el abuelo “no opine” o que la abuela “no entienda”, relegándolos al silencio. Es urgente un cambio de mentalidad que reconozca a la persona mayor no como un estorbo, sino como una fuente de sabiduría y memoria viva.
Respetar, proteger y cuidar a quienes ya no pueden sostenerse por sí solos es, en última instancia, un acto de justicia. Pero también es una inversión simbólica: en algún momento, todos seremos mayores. El trato que damos hoy será el trato que recibiremos mañana.
La Cuba que aspiramos construir —inclusiva, justa, solidaria— no puede permitirse mirar hacia el otro lado, frente al dolor silencioso de miles de ancianos. Tenemos leyes. Tenemos servicios. Pero aún nos falta compromiso social, sensibilidad institucional y cultura del cuidado.
Si queremos honrar verdaderamente a quienes forjaron este país, no basta con conmemorarlos una vez al año: debemos garantizar que su vejez sea vivida con respeto, seguridad y dignidad. Esa es una deuda pendiente. Y todavía estamos a tiempo de saldarla.