La Policía Nacional de Perú (PNP) multa con casi 200 dólares a las motocicletas que circulen con dos personas a bordo, como medida para intentar frenar el auge de ataques de sicarios y extorsionadores, especialmente en la capital.

Perú es el país latinoamericano con más fuentes de riqueza, un índice económico sostenido y famoso por su abundancia de oro, el turismo y esa maravilla de pescado que es el lenguado, que aquí degustamos cuando había un gobierno amigo como el de Juan Velasco Alvarado.

Sin embargo, nueve millones de peruanos están clasificados como muy pobres, condición que en diversas medidas golpea al 70% de sus 30 millones de habitantes, mientras crecen los índices de corrupción y delincuencia que los malos gobiernos, como el de la defenestrada Dina Boluarte y el actual de su sustituto José Jerí, no han logrado contener. 

La crisis económica afecta de manera especialmente aguda a la ciudad de Lima, donde el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza experimentó un alarmante incremento.

En medio de este desalentador panorama, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha anunciado que se han inscrito 36 fórmulas presidenciales para los comicios del 12 abril venidero, una cifra que marcaría un récord histórico de postulantes a la Jefatura del Estado en el país andino.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo Chipoco, ha precisado igualmente que se han recibido cerca de 1 400 solicitudes de inscripción para competir por un escaño en el Congreso, de las cuales 842 corresponden a aspirantes a un puesto en el Senado.

Entre las principales fuerzas políticas que han formalizado su participación en la carrera presidencial figuran Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; Somos Perú, del actual presidente, José Jerí; Renovación Popular, encabezada por Rafael López-Aliaga; así como Libertad Popular, Podemos Perú y Perú Libre.

Por el momento, ningún postulante alcanza el 10% de respaldo en intención de voto, de acuerdo con una encuesta de Ipsos difundida esta semana, mientras que casi la mitad de los consultados, el 48%, declara no sentirse identificado con ninguna opción.

Los tres candidatos mejor situados en los sondeos son los conservadores López-Aliaga y Fujimori, junto al centrista Mario Vizcarra, de Perú Primero. Sin embargo, la campaña electoral aún no se ha activado plenamente y, según el mismo sondeo, un 37% de los votantes no tiene previsto decidir su voto hasta la semana previa a las elecciones.

El sistema electoral de Perú prevé la realización de una segunda vuelta presidencial que, en caso de ser necesaria, tendría lugar en el mes de junio.

Todo sigue igual…de malo

Ha cambiado el presidente, pero en Perú no ha cambiado la situación de tensión política y social que se vive desde hace mucho. Las protestas que caracterizaron el mandato de Dina Boluarte que llegó espuriamente al poder en el 2022 y fue destituida el pasado 9 de octubre por un juicio político votado en el Parlamento por incapacidad moral permanente continúan incluso después de la toma de posesión de José Jerí, quien declaró el estado de emergencia en Lima y su área metropolitana, así como en la cercana ciudad de Callao, para supuestamente contener el aumento de los delitos violentos, pero que también adelanta medidas con el fin de reprimir la indignación general con motivo de entregar nuevamente la base de Manta a Estados Unidos y permitir que elementos castrenses norteamericanos se instalen en otras partes de la nación suramericana.

Por eso entre la población crece el temor a un viraje autoritario, más que la esperanza de que se pongan en marcha respuestas concretas contra la corrupción y la delincuencia rampantes. Es sobre todo el componente juvenil el que expresa todo su descontento hacia la actuación de la clase política, considerada incapaz de frenar una precariedad democrática que corre el riesgo de convertirse en estructural.

Con el paso de los meses, miles de personas se han sumado a una movilización que comenzó de forma espontánea a través de las redes sociales. Quienes hoy salen a las calles piden también la renuncia de Jerí y reclaman reformas y elecciones inmediatas.

Desde la toma de posesión de Boluarte, los disturbios se han abordado siempre con duras medidas represivas, por lo que el arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, conminó a las autoridades a respetar la vida de los jóvenes y de su derecho a expresarse libremente.

Como si fuera poco

A este estado de insatisfacción social se suma una ola de delincuencia común relacionada con la extorsión a pequeños comerciantes, transportistas, centros educativos y artistas.

El flujo de dinero recaudado suele alimentar a organizaciones más grandes vinculadas al narcotráfico y a la extracción ilegal de recursos naturales. El periódico francés Le Monde ha escrito que, desde principios del 2025, los comercios obligados a cerrar por la insurgencia de una inseguridad generalizada son unos 2 600, y los casos de extorsión desde el 2022 han registrado un crecimiento del 540%.

Desde el 2021, además, la tasa de homicidios se ha triplicado. Entre las causas: Una policía muy corrupta; un aparato criminal gestionado desde las cárceles, donde se organizan y ordenan los delitos; la ausencia de inversiones públicas en seguridad; la falta de liderazgo y la entrada de bandas transnacionales en el sistema penitenciario.

Inestabilidad

Así, el sistema político-institucional se ha debilitado considerablemente en los últimos diez años. En el 2016, Pedro Pablo Kuczynski derrotó en las elecciones a la otra candidata, Keiko Fujimori, hija de Alberto, quien dedicó todos sus esfuerzos a derrocarlo, y finalmente lo consiguió. 

Desde ese momento, y con una serie de modificaciones legales, el cargo de presidente de la República se ha vuelto muy inestable, pudiendo sufrir las fluctuaciones de la voluntad de una mayoría de dos tercios del Congreso. El resultado es que si se reúnen los votos de una asamblea con los actuales 10 partidos elegidos en el 2021, muy fragmentados en sí mismos, el presidente puede quedar fuera de juego. 

La desconfianza generalizada en las instituciones y en la clase dirigente, y la ira hacia una apatía percibida en la lucha contra una situación que para muchos se ha vuelto insostenible, hace que hoy en día el Poder Ejecutivo y el Congreso tengan un índice de desaprobación del 95%. En resumen, la gente está cansada de vivir en la inseguridad.

A la incompetencia del Poder Ejecutivo se suma un parlamento promotor de leyes que, de hecho, favorecen la actividad delictiva, sin tener en cuenta que 105 de los 130 miembros tienen investigaciones abiertas en su contra. Con el tiempo, estos han modificado las normas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal en su propio beneficio, aunque ello signifique, de hecho, beneficiar también a la delincuencia.

Tomado de Cubasi