El incidente ocurrió el pasado 12 de septiembre en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país.
El Gobierno de Venezuela denunció ante siete organismos internacionales la grave violación de la soberanía nacional ocurrida el pasado 12 de septiembre, cuando un destructor de la Armada de Estados Unidos interceptó al barco pesquero Carmen Rosa en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país.
De acuerdo con la denuncia oficial, la embarcación estadounidense USS Jason Dunham (DDG-109), equipada con armamento de guerra y misiles de crucero, abordó de manera irregular la embarcación atunera venezolana cuando se encontraba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla.
A bordo del pesquero viajaban nueve trabajadores dedicados a la captura de atún, quienes permanecieron retenidos durante ocho horas sin posibilidad de comunicarse.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró en un mensaje difundido por Telegram que la operación constituye una transgresión del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.
Se trata de un hecho “que vulnera las reglas y principios que rigen las operaciones de control de la navegación marítima y atenta contra el libre ejercicio de la actividad pesquera, así como contra los derechos humanos de los nueve trabajadores pesqueros involucrados, incluyendo sus derechos a la libertad e integridad personal”, manifestó a través de un comunicado oficial.
Rodríguez informó que el Gobierno venezolano remitió comunicaciones formales a siete organismos internacionales vinculados a la pesca comercial, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el fin de denunciar lo sucedido.
Subrayó que el despliegue de militares armados contra una embarcación civil sin armas constituye un hecho “claramente desproporcionado” que viola los principios de proporcionalidad y cooperación que deben regir las operaciones en alta mar.
Asimismo, reiteró que, conforme a la normativa internacional, toda acción de control marítimo debe realizarse en coordinación entre Estados, con respeto a la regulación pesquera y a los derechos fundamentales de los trabajadores.
“Resulta inaceptable que se intente frenar nuestra producción con operaciones injustificadas y contrarias a derecho”, concluyó.
Tomado de Cubasi
