Multas.Incluso, los números más fríos sobre lo que ha dejado de recaudar el erario público por impagos de multas en apremio, son “calientes” en Guantánamo: más de 11 mil correcciones con más de 30 o 60 días, según el caso, con una deuda superior a los 23 millones de pesos.
Esas contravenciones, me advierte Ismael Durruty Mengana, jefe del Departamento de multas en la Dirección provincial de Finanzas y Precios, corresponden lo mismo a aplicadas este año, ya fuera de término, como impuestas hace un lustro, y hasta más.
Una buena parte de esos impagos, de hecho, corresponden a los llamados traslados, multas que se imponen en un sitio distinto al lugar de residencia oficial del infractor, y se envían a esa dirección por caminos no siempre rectos, hacia otro municipio o provincia del país.
Para tener una idea de cuánto pesan esas multas “viajeras”, basta una cifra fresca de las recibidas de enero a abril de este año, aunque no necesariamente aplicadas en esas fechas: Las cifras totales, entre las que todavía están “a buen tiempo” de ser saldadas y las envejecidas -y, casi siempre, duplicadas- ‘arden’, contando solamente las impuestas por los organismos del territorio en lo que va de 2023: 19 mil 734, que implican 17 millones 764 mil 428 pesos18 mil, con un importe superior a los 27 millones de pesos.
Con importes similares, y hasta mayores, en octubre del pasado año se arreció el trabajo de cobro de multas, se exigió a los organismos impositores involucrarse en esas gestiones, y algo se ha logrado. La eficacia, en definitiva, es del 85,22 por ciento, del 92 que es norma -no siempre cumplida- para el país. El tema es que no es suficiente.
A la cabeza
Si hay un municipio que entiende del tema, es Guantánamo. La eficacia, ahora mismo, es de apenas el 72,6 por ciento, inferior a los valores provinciales, pero mejor por mucho que el 62,5 de agosto, cuando Moraima Camejo Barrientos entró a dirigir la Oficina de Control y Cobro de Multas.
Pendientes, me dice, hay 8 mil 466 multas, que representan 17 millones 721 mil pesos, la mayoría de las cuales clasifica como traslados recibidos, siempre superiores a los que tienen origen aquí y se envían a otros territorios.
“En un mes, los 56 organismos impositores locales, sobre todo, las direcciones de Inspección municipal y provincial, así como el sistema de la policía, generan un promedio de mil 500 contravenciones, pero de afuera llegan más de 2 mil, y en enero fueron 6 mil 232”.
De traslados es, confirma, el 60 por ciento de las 6 mil 972 multas en apremio de su oficina. Camejo Barrientos lo pone simple, porque lo ha visto cientos de veces: “La persona vive en La Habana, y allá trabaja, vende, se dedica a cualquier cosa..., pero tiene dirección de Guantánamo, así que va a nuestra estadística.
“¿Qué pasa? Si ya la multa se duplicó (generalmente a los 30 días), y pasó a la vía de apremio (casi siempre a los 60 días), nos toca mandar a los gestores a cobrar. Pero a quién, si esa persona no vive aquí y no tienes una dirección para mandarla de vuelta. Por eso, casi siempre se quedan sin cobrar”, asegura.
Moraima Camejo: “Otro pendiente es el pago por Transfermóvil, que es útil, pero no siempre se usa porque las personas no saben cómo ingresar los datos o cuáles son los requeridos. Vienen y los enseñamos, por supuesto”.
Para encontrar a algunos “pendientes ilocalizables”, como clasifican a los deudores a quienes la Oficina... ha realizado tres visitas en las cuales constatan que no viven en la dirección, y luego de que lo certifica la entidad que impuso la contravención, se aplican algunas variantes.
Una de ellas, parte de un convenio con la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), que tiene acceso a los sistemas de bases de datos con los que trabaja el Carné de Identidad, y gracias al cual lograron completar las direcciones de más de mil multas, de las 2 mil en esa situación.
Los convenios de trabajo con las oficinas del Carné de Identidad, también existen, “pero los procesos son lentos y no proveen las informaciones con la premura que se requieren.
En otro momento, incluso, con la policía se accionaba con las personas con salidas del país pendientes, pero eso se relaja por tiempos”.
No se aprovechan, además, las potencialidades de la medida de embargo salarial, que puede aplicarse a los trabajadores siempre que estén de acuerdo o lo soliciten, como también ocurre, según confirma Ariuska Brook, especialista de la actividad en la oficina.
Según sus estadísticas, este año se han realizado 237 embargos, una medida que tiene, a su juicio, escollos y desventajas. “A veces, cuando vamos a buscar al deudor al centro que declaró, ya no está ahí y no podemos localizarlo, pero también la efectividad depende de las entidades; hay algunas muy responsables como Salud Pública, y otros que dan muchos problemas, como Comercio”, ejemplifica.
Otro detalle es que, como solo puede embargarse hasta el 25 por ciento de los ingresos, las deudas de altas cuantías tardan meses en saldarse, o no terminan por cualquier motivo, el más frecuente, porque la persona cambia de trabajo, y siguen, con menos importe, pero pendientes.
srael Vargas: “Independientemente de la calidad de la gestión, la responsabilidad primera es del infractor”.
Lo mismo pasa con las denuncias. Las cifras de impagos añejos y de casos presentados ante la policía y procesados, tienen entre sí un abismo, aunque, aclaran tanto la jefa de la Oficina... como el directivo de Finanzas y Precios, “la idea es que paguen la multa, así que ese es el último recurso. Por suerte, hay quienes cuando se ven con el proceso arriba, saldan sus deudas o deciden convenirlas”.
Los convenios son una posibilidad a la mano que no siempre se tiene en cuenta. Da la opción de pagar por medio de plazos y, sobre todo, es útil en el caso de multas de altas cuantías, todavía más cuando están duplicadas, y puede aplicarse, incluso, con deudas en término,siempre que el monto sea significativo.
¿Qué falla entonces? Por fallar, mucho y en varias partes del proceso. A veces, lo hace el sistema nacional, ya sea porque no le introducen todos los datos y las matrices de las multas no van adonde pertenecen de manera inmediata y tienen que enviarse por otras vías; se paga y ese comprobante no coincide con la multa, que sigue vagando como pendiente...
Siomara Begué Quiala, directora de la Dirección de Supervisión, lo sufre en carne propia. De las mil 500 multas pendientes, incluyendo algunas de 2017, la gran mayoría le llegó sin dirección. “Bajamos luego gracias al trabajo con la ONAT, y logramos recuperar, solo en abril, 87 con importe total de casi un millón de pesos”.
También, para decirlo todo, la jefa de la Oficina... reconoce “problemas hacia adentro, en primer lugar con el personal que trabaja en la gestión de esas deudas que pasan al apremio”.
Siete plazas de gestores fijos cubiertas de una plantilla de 20 hablan claro de la crisis de personal en el área que, se supone, debería ser la más fuerte. Hace poco más de un mes se incorporaron por contrato en la modalidad de pluriempleo, 29 profesores del Índer.
“Suena a mucho, pero la fluctuación de los contratos es muy grande. Hoy tenemos 20 y mañana queda la mitad. Nos pasa también con los fijos. La verdad es que el trabajo es duro, implica caminar, enfrentarse a la población por un salario de apenas 2 mil 400 pesos”, sentencia.
Cirilo Osmel Savón, gestor, es uno de los que permanece, y el mejor de la oficina guantanamera, con área de trabajo en Sur-Isleta. “Yo salgo en los horarios en los que las personas están en sus casas, por las tardes, y los fines de semana, y converso con ellos, con respeto les explico sus opciones, y muchos pagan”.
Cirilo Osmel: “Con las personas es preciso conversar, darles opciones, sobre todo, con las deudas de altas cuantías”.
La fluctuación del personal, tercia por su parte Durruty Mengana, debería cambiar con la próxima aplicación del pago por resultados, según una nueva resolución de Finanzas y Precios que permite que, al margen de si la oficina cumple o no con los cobros, el gestor pueda sumar a sus ingresos el 7 por ciento del monto que logre recaudar por encima de su plan.
Mientras tanto, la impunidad aprovecha los trillos que trazan los desajustes, la morosidad, la falta de personal..., hace de las suyas, y la multa deja de ser el correctivo que debería. Y eso, aunque no tiene cifras concretas, no pesa menos.
No es solo “el aparato”
La principal diferencia entre una multa que se paga y otra que llega al apremio, es la persona a la que se le impone, más allá de las cuantías –no es lo mismo 120 pesos que 4 mil- y el brazo más o menos largo de la gestión de cobro y la ley.
Por eso, hay casos como el de Israel Vargas Barrientos, quien en menos de una semana fue a la Oficina... a liquidar una multa de tránsito -estas se cobran en la Oficina..., pero se controlan desde la misma entidad impositora- de 30 pesos, y del otro lado de la cuerda, los 35 reincidentes que acumulan 643 multas por casi 2 millones de pesos.
También por esa cuerda, hay personas como Herminia Masó Cuevas, asistenciada de 62 años, que espera en la Oficina... para establecer un convenio y pagar, con sus bajísimos ingresos, la multa de un nieto, emplazado en el tren, como deudor, por la policía.
Ventanilla de cobros y pagos.
“No le dijo a nadie. Ni a su mamá, que está con él en Matanzas, ni a mí. Y ahora, mire. Por suerte, me aceptaron hacer un convenio, pero la multa duplicada de 8 mil pesos se hubiera evitado”, increpa y no podría estar más de acuerdo.
A fin de cuentas, lo mejor de la multa es no tenerla, pero si se tiene, hay que pagarla.
