La guantanamera Adela Torriente Hernández, Licenciada en Enfermería y con 32 años de labor en Salud Pública, trata de que, por fin, quede resuelto su problema de vivienda. Este comenzó cuando a finales de 2006 se le otorgó una parcela para construir una casa en la calle 8 oeste entre 4 y 6 norte y al poco tiempo se lo cambiaron. El caso es que desde entonces su numerosa familia no pisa terreno firme.

A pesar de que, como se conoce, ningún trámite de esta índole transita de manera expedita y mucho menos con agilidad, ella y su esposo, Gustavo Lorié García, se esforzaron para tener en sus manos lo antes posible, pagos correspondientes de por medio, la documentación solicitada en estos casos.

Según hace saber en su carta, con todos los papeles listos (certificación de pago del terreno, de selección, de uso de suelo y regulaciones, licencias de construcción, con número de matrícula 1402029507, y sanitaria; proyecto técnico ejecutivo de obra nueva, entre otros requerimientos) son visitados por una especialista de la entidad entonces llamada Panificación Física, hoy dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanístico. Dicha especialista  les informa, sin previo aviso o consulta y sin portar documento alguno, que se había decidido un cambio de terreno, para 8 norte entre Serafín Sánchez y Agramonte, en la popularmente conocida barriada Casa de Piedra.

Poco tiempo después le dicen que ahí tampoco. Adela, de 55 años de edad y trabajadora de un consultorio médico perteneciente al policlínico Emilio Daudinot Bueno, de la ciudad de Guantánamo, explica otros detalles en carta enviada a este semanario:

''Nos dijeron que en ese último terreno tenían otros proyectos para la construcción de casas para combatientes de la Revolución. Entonces, el Gobierno del municipio decide que nos ubiquen en un local que, según ellos, les pertenecía, y solo sería por 72 horas, pero lo cierto es que no fue así''.

Cuenta la remitente de la misiva, que ya en el lugar al que fueron trasladados (kilómetro 1 de la carretera a El Salvador), sin documentación legal alguna, comenzó una larga historia de todo tipo de irregularidades, pues sin advertirle, esa área y los locales que ocupaba su vivienda, el Gobierno del municipio de Guantánamo lo había cedido al Ministerio de la Construcción en la provincia a cambio de uno similar en otra localidad del territorio.

Así las cosas, ella gestiona la legalización de su estatus en dicho espacio, pero en un escrito del Grupo Empresarial de Construcción y Montaje, de la Empresa Constructora Integral de Guantánamo, le hacen saber de las infructuosas acciones realizadas por ellos para que las autoridades competentes resuelvan el asunto, pues le cedieron el lugar sin apego al procedimiento establecido, debido a la existencia en el perímetro de la denominada finca vivero Montesano, de una familia en calidad de ocupantes ilegales.

Sin solucionarse el dilema, fuerzas de dicha entidad comenzaron a realizar allí el movimiento de tierra para acondicionar la finca. ''Nos desbarataron la cerca perimetral y hasta los cordeles que hicimos para tender la ropa. También, con amenazas incluidas, nos quitaron el agua y la corriente'', añade la jefa de un núcleo familiar compuesto por 10 personas, entre ellos cuatro niños.

''En todo ese tiempo el local donde vivimos ha sido embestido por diferentes eventos hidrometeorológicos y hemos tenido que restañar los daños con esfuerzo propio, sin ayuda alguna, solo promesas y evasivas y, como si eso no fuera suficiente, manipulaciones de la situación, expresa.

''En respuesta a una queja enviada al Ministro de la Construcción dice textualmente una carta que en 2019 recibimos: ''Como parte del interés por resolver su caso, supimos que se le ofreció una vivienda en 2018 en la calle 13 norte esquina a San Gregorio, en la zona urbana de la ciudad, y esta oferta fue rechazada expresando que necesitaban dos viviendas''. Pero Adela asegura que eso no es cierto, que es parte de la manipulación y poca seriedad con que se ha actuado.

En esa propia carta del Ministerio de la Construcción, fechada en La Habana y firmada por el jefe del Departamento de Atención a la Población, perteneciente al Grupo empresarial de Construcción y Montaje, le reiteran que su ocupación es ilegal, por lo tanto no tiene derecho alguno sobre el inmueble ni puede delimitarlo ni disponer del mismo de ninguna forma.

''La situación que usted enfrenta, expresa la misiva, no es causada por el actuar del Micons, sino de los órganos de gobierno de su territorio... y por todo lo anterior, en aras de satisfacer su solicitud le recomendamos insistir ante la Asamblea Municipal del Poder Popular en la búsqueda de una solución''.

Al hacer un recuento de las instituciones y autoridades a las que ha informado de su problema, la remitente señala despachos con dirigentes a todos los niveles dentro y fuera del territorio; quejas por escrito a iguales instancias, incluyendo al Ministerio de la Construcción, entre otras gestiones, algunas de las cuales fueron respondidas, otras no.

''El local está en malas condiciones y en peligro de derrumbe. Una parte de mi familia está viviendo en una garita porque el área donde estaba se desplomó. La última gestión que hicimos fue con el Intendente del municipio, en mayo de este año y nos dijo que la solución no está en sus manos, que hay que seguir esperando.

Esperando está Adela hace 17 años.

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