Para un guantanamero de hoy, pocas preguntas resultan tan incómodas al solicitar un servicio o realizar una compra como la que enuncia este comentario.
La respuesta negativa, cada vez más frecuente, suele derrumbar cualquier intención previa. Entonces comienza una secuencia conocida por muchos ciudadanos. Primero llega la molestia hacia el vendedor, responsable inmediato de la situación. Luego aparecen los cuestionamientos hacia los mecanismos creados para evitar que esto ocurra. Finalmente se impone la resignación.
La crisis del efectivo se ha convertido en una de las dificultades más visibles de la vida cotidiana. A pesar de que existen plataformas digitales, regulaciones y disposiciones que respaldan los pagos electrónicos, numerosos establecimientos continúan privilegiando el cobro en efectivo, limitando en la práctica una modalidad que debería estar disponible para todos los consumidores.
Durante los últimos años se han desplegado inspecciones, controles y diversas acciones encaminadas a revertir el problema. Sin embargo, la percepción ciudadana apunta a que la situación no solo persiste, sino que en algunos sectores parece haberse agravado.
La pregunta surge por sí sola: ¿por qué?
Con frecuencia se señala a las dificultades de conectividad derivadas de los apagones. Sin embargo, la realidad parece más compleja. Durante recientes afectaciones en la región, numerosos consumidores reportaron negativas a aceptar pagos digitales incluso cuando los servicios de telefonía móvil continuaban funcionando.
Como alternativa, espacios como las ferias agropecuarias han demostrado que es posible mantener operaciones mediante Transfermóvil y otras pasarelas de pago. Pero ello conduce a una contradicción evidente: si aceptar transferencias constituye una obligación legal, ¿por qué una parte importante de la actividad comercial continúa privilegiando el dinero físico?
Ningún ciudadano debería depender de mecanismos alternativos para ejercer un derecho reconocido por las propias normas vigentes.
Entre las posibles explicaciones aparece el crecimiento sostenido de circuitos informales de comercialización que operan fundamentalmente con efectivo y concentran importantes volúmenes de circulante. A ello se suman actividades asociadas al mercado informal de divisas, remesas y otras operaciones que demandan dinero físico de manera constante.
Estas dinámicas terminan afectando principalmente a quienes poseen menor capacidad de adaptabilidad y poder adquisitivo: jubilados, trabajadores estatales y familias cuyos ingresos llegan casi exclusivamente a través de la bancarización.
Al mismo tiempo, la creciente demanda de divisas ejerce presiones adicionales sobre el mercado cambiario informal y contribuye a la expansión de un fenómeno cada vez más visible: la dolarización informal de determinados segmentos comerciales. No son pocos los negocios que establecen precios tomando como referencia el dólar o las variaciones diarias de su cotización, una práctica que coloca en desventaja a quienes dependen exclusivamente de ingresos en pesos cubanos.
Junto a ello han surgido otras distorsiones. Una de las más conocidas es la extracción de efectivo "al por ciento", mecanismo al que miles de personas se han visto obligadas a recurrir. Lo que comenzó con comisiones relativamente bajas alcanza hoy porcentajes que reducen considerablemente el valor real del dinero retirado.
La paradoja es evidente. La escasez de efectivo parece beneficiar a quienes se desenvuelven con mayor facilidad en circuitos informales, mientras el costo termina recayendo sobre el trabajador asalariado. En la práctica, una persona puede recibir íntegramente su salario y aun así enfrentar dificultades para convertirlo en capacidad real de compra.
Más preocupante aún es que el problema ya no parece limitarse a la disponibilidad de dinero físico. También refleja una crisis de confianza. El consumidor duda de que podrá utilizar sus medios de pago; el comerciante busca mecanismos alternativos para garantizar liquidez; y la población percibe que las soluciones continúan sin llegar a la velocidad que exige la realidad.
En ese contexto surgen nuevas interrogantes. Si las recientes propuestas económicas anunciadas por el presidente Miguel Díaz-Canel buscan descentralizar decisiones, flexibilizar mecanismos de gestión y eliminar trabas administrativas, ¿cómo se inserta la crisis del efectivo dentro de ese proceso?
Porque una economía más flexible requiere liquidez, confianza y medios de pago funcionales.
Las respuestas no parecen sencillas. El endurecimiento de las inspecciones ha mostrado resultados limitados y generalmente temporales. Incrementar la disponibilidad de efectivo podría generar nuevas tensiones inflacionarias. La creación de mecanismos mayoristas más eficientes y el fortalecimiento de las capacidades de gestión a nivel territorial podrían ofrecer nuevas alternativas, aunque requieren análisis y seguimiento.
Lo cierto es que la crisis del efectivo ha dejado de ser una dificultad bancaria para convertirse en un problema social. Mientras esa contradicción persista, miles de cubanos continuarán enfrentando una realidad paradójica: recibir puntualmente su salario no siempre significa poder disponer de él.
