La “bolita”, la rifa ilegal, las cartas y otras modalidades de juegos clandestinos se han convertido en un fenómeno cotidiano, verdadero daño económico y moral para la sociedad cubana. El hecho, penado por la ley, es una triste realidad que crece.
Los problemas de la economía rugen fuerte en cada cubano, y mientras algunos buscan alternativas legales para mantener el diario (pluriempleo y trabajo por cuenta propia, por ejemplo), otros buscan la solución a los problemas financieros en acciones ilegales como los juegos de azar, hechos que erosionan la disciplina social y el cumplimiento de lo establecido.
Los efectos de esta actividad ilícita se sienten directamente en la economía, porque cada peso que circula en la “bolita” y otros juegos ilícitos es un peso que no contribuye a los ingresos públicos que sostienen la educación, la salud y la seguridad social, por solo citar algunos de los sectores que se benefician del presupuesto del estado.
El crecimiento de este tipo de actividad informal y clandestina, tiene efecto en la disponibilidad de efectivo en la red bancaria, que en consecuencia alimenta la especulación en los precios y da pie a otras ilegalidades como el cambio de efectivo por transferencia con gravamen, lo que los abuelos llamaban “garrote”.
Pero más allá del daño económico, las consecuencias sociales son todavía más preocupantes. La tolerancia social frente a algunos de estos delitos facilita su expansión y normaliza la cultura de la ilegalidad, hecho que a su vez demerita la voz institucional y crea un caldo de cultivo para el nacimiento de otras manifestaciones ilegales y de delito.
El juego clandestino tiende a funcionar como un eslabón más en un ecosistema de ilegalidades que abarca desde el desvío de recursos hasta el blanqueo de activos. Las ganancias en estos sorteos y bancas ilegales terminan, en muchos casos, invirtiéndose en actividades especulativas, adquisición de bienes a sobreprecio y pagos en el mercado negro. Ello genera un circuito económico que profundiza las desigualdades: mientras algunos se enriquecen al margen de toda regulación, otros pierden hasta el último peso en la expectativa de un premio que casi nunca llega.
Este impacto social puede venir acompañado de una profunda erosión ética, la proliferación de estas prácticas va de la mano con la corrupción y el soborno y el débil control por quienes deben evitar que la impunidad e irrespeto a lo establecido en ley, gane terreno.
Una alternativa viable puede ser la creación de espacios recreativos accesibles y opciones de entretenimiento sanas, sobre todo en barrios con alta incidencia de juego ilícito; los debates en barriadas por parte de especialistas que hablen sobre las enfermedades como la ludopatía (adicción al juego) o el tratamiento para comprender que los juegos de azar son una trampa de pobreza perpetua.
También corresponde a los medios de comunicación desempeñar un papel activo en la denuncia y la formación de valores. Cada vez que un reportaje visibiliza los estragos económicos y sociales de este fenómeno, se contribuye a desmontar la idea romántica de que el juego clandestino es inofensivo o que solo es un escape sin consecuencias.
La lucha contra esta práctica debe ser firme, pero también consciente de que no se trata únicamente de un delito, sino de la manifestación visible de un malestar profundo que corroe la confianza colectiva y limita las posibilidades de desarrollo económico y humano. El cumplimiento de la legalidad no es un simple eslogan: es la única base sobre la que puede levantarse una sociedad justa y próspera.
