El municipio de Manuel Tames, en Guantánamo, ha convertido en praxis permanente la aplicación de una medida que muchos reclaman y pocos celebran: el enfrentamiento a los precios abusivos en los mercados locales.
No es una iniciativa aislada, sino parte de un esfuerzo mayor por devolverle al ciudadano común algo que se le ha ido escurriendo entre los dedos: la capacidad de comprar sin afectar tan severamente su salario.
En medio de las complejidades económicas que atraviesa el país, si recorremos los mercados de Manuel Tames, encontraremos una realidad contradictoria. Por un lado, productos que llegan gracias al esfuerzo de productores locales y al sistema de comercialización a precios muy asequibles, y por el otro, insumos que no guardan relación alguna con la calidad ni los costos de su producción y traslado, sin menospreciar lo complejo que hoy resulta esto último.
La especulación y el afán de lucro desmedido atentan contra el ánimo popular y la palabra “abusivo” deja de ser un adjetivo para convertirse en un acto injusto y ajeno al sentido del momento histórico que vivimos.
Las medidas implementadas por el gobierno, que incluyen fiscalización, precios topados y sanciones a quienes incumplen lo pactado al respecto han servido, al menos aquí, para controlar y mejorar el panorama, aunque no han estado exentas de polémica.
Hay quienes las ven como una intervención necesaria en un mercado que, dejado a su libre albedrío, termina excluyendo a unos y privilegiando otros. Algunos advierten sobre los riesgos de que estas acciones, que no van acompañadas de incentivos reales a la producción y la distribución, y por tanto pueden derivar en desabastecimiento o en la retracción de ofertas.
Sin ánimos de exacerbar la acción estatal, lo cierto es que por cuestión de confianza y respeto al consumidor, lo correcto es que el cliente reciba productos con calidad al precio aprobado y acordado municipalmente, no es correcta la práctica de aumentar y aumentar por día… afectando la economía familiar y también la percepción de justicia y control de parte del Estado, responsable de regular.
Por eso le corresponde actuar con firmeza para corregir esos desbalances, así envía un mensaje claro sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger el bolsillo de su pueblo.
Claro el gran desafío no está solo en aplicar la medida, sino en sostenerla. Porque de nada sirve un operativo de un fin de semana si al siguiente los precios vuelven a dispararse.
La fiscalización debe volverse sistemática; la comunicación con los productores y vendedores, constante; y el equilibrio entre el control y abastecimiento ser una prioridad de debate y revisión diaria. Sin eso, la medida corre el riesgo de ser percibida como un parche temporal y no como una política sostenible.
Lo que ocurre hoy en los mercados de este municipio es una prueba de fuego. No solo para las autoridades encargadas de mantener la vigilancia, sino también para los productores, los comercializadores y la propia comunidad. Todos deben tributar a este equilibrio: precio-oferta, así esta sería también una experiencia beneficiosa no solo a nuestro pueblo, incluso podría convertirnos en referencia para otros municipios que enfrenten desafíos similares.
A fin de cuentas no solo está en juego el precio de los productos que la población consume; es esta la posibilidad de demostrar que es posible ordenar el mercado con criterios de justicia, sostener el combate a la especulación sin castigar la oferta y lo más importante, devolver a los pobladores la certeza de que cuando la voluntad política se articula con la participación ciudadana, el mercado deja de ser un territorio de “abusivos” para convertirse en un espacio de confianza.
