El arribo de George W. Bush a la presidencia de los Estados Unidos en el 2001 marcó el comienzo de una nueva escalada de amenazas y una mayor agresividad en la política de Washington contra nuestro país. El recrudecimiento de las regulaciones del bloqueo económico, comercial y financiero así como una mayor utilización de la presión económica, derivada de las medidas vinculadas a la denominada “guerra contra el terrorismo”, ampliaron el marco legal de la persecución financiera contra Cuba y sus mecanismos de implementación.
La presencia de Cuba, desde 1982, en el listado de países patrocinadores del terrorismo, constituyó un pretexto para nuevas medidas.
Dando continuidad a las leyes aprobadas durante la administración Clinton sobre esta materia, una de las primeras acciones de la administración de W. Bush fue la aprobación de la Ley del Seguro contra el Riesgo de Terrorismo, del 26 de noviembre del 2002, la cual eliminó el requerimiento de obtención de una autorización del gobierno (licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro), para ejecutar fallos judiciales a costa de los fondos congelados de Estados considerados “patrocinadores del terrorismo”.
Unido a otras legislaciones posteriores, se han presentado 16 espurias demandas en proceso civil contra la República de Cuba, contra nuestros dirigentes e instituciones, en tribunales estadounidenses, los cuales exigen el pago de más de dos mil millones de dólares y ya han ejecutado un monto superior a los 180 millones. Una pretensión de mucha actualidad, de algunos de estos demandantes, es la de despojarnos de la propiedad de marcas y patentes.
El Plan Bush del 2004, resultante de las recomendaciones de la denominada “Comisión para la Ayuda de una Cuba Libre”, creada en octubre del 2003, trajo consigo nuevas acciones de persecución financiera. Limitar al máximo la entrada de divisas al país mediante la imposición de mayores obstáculos al intercambio comercial cubano con el exterior constituyó el eje central de estas nuevas medidas. Para cumplir este objetivo se creó el Grupo de Persecución de Activos Cubanos (Cuban Asset Targeting Group), integrado por funcionarios de los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio, con el fin de fortalecer los mecanismos de investigación y persecución del comercio de la mayor de las Antillas por todo el mundo.
También se impusieron mayores restricciones a los viajes a Cuba de nacionales residentes en Estados Unidos y al envío de remesas y paquetes a sus familiares en la Isla. Paralelamente, se incrementó la persecución de operaciones turísticas, comerciales y financieras de Cuba en terceros países.
En el 2006, se hizo pública una actualización del Plan Bush. Entre las nuevas medidas se incluyeron la creación de una Fuerza de Tarea Interagencias, dedicada exclusivamente a perseguir la comercialización del níquel cubano en todo el mundo; el fortalecimiento del Grupo de Persecución de Activos Cubanos; la prohibición de ventas de equipos médicos para uso en programas de atención a extranjeros en gran escala; sanciones a empresas que colaboraran con el país en la prospección y producción petrolera; así como iniciar la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton a países que colaborasen con el nuestro.
Esta segunda versión implicó un incremento sustancial de los niveles de coerción y agresividad, especialmente en las esferas comercial y financiera, con un reforzado carácter extraterritorial. Muestra de ello fue la creación, en octubre del 2006, del Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Sanciones a Cuba, con representantes de cerca de una decena de departamentos y agencias gubernamentales.
En el periodo se perfeccionaron las estructuras internas de la OFAC y sus relaciones con otros departamentos y agencias del Gobierno, así como el control sobre el sistema bancario internacional en aras de hacer más exhaustiva la persecución del movimiento de activos de naciones incorporadas en el listado de países promotores del terrorismo. La Ley de Autorización de Inteligencia del 2004 dio origen a la Oficina de Análisis e Inteligencia, subordinada a la Vicesecretaría de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro —integrante de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos— que en lenguaje elíptico esconde su naturaleza interventora: “identificar las amenazas y vulnerabilidades en la red y proveer información de inteligencia relevante y oportuna a las autoridades del Departamento del Tesoro para la toma de decisiones”. (1)
Al amparo de este ambiente de fortalecimiento de las estructuras de persecución financiera, entre el 2006 y el 2008, la OFAC firmó 19 memorandos de entendimiento con diferentes agencias estaduales y federales, responsables de regular el funcionamiento de las entidades bancarias y financieras en Estados Unidos. Velar por el acatamiento estricto a los programas de sanciones administrados por esta Oficina se ubicaría entre una de sus principales misiones.
De esta manera, quedaron sentadas bases reguladoras e institucionales más sólidas para la posterior escalada de acciones de persecución financiera contra Cuba.
Un estudio realizado por la Oficina de Fiscalización del gobierno de Estados Unidos, en noviembre del 2007, arrojó que entre el 2000 y el 2005, el 70 % de todas las multas impuestas por la OFAC correspondieron a violaciones del bloqueo impuesto a Cuba, aun cuando nuestro país se encontraba, solamente, en uno de los más de 20 programas de sanciones que administraba esta Oficina. La administración de W. Bush se caracterizó por el acoso contra una gran cantidad de individuos o instituciones que violasen las restricciones de viajes a Cuba u otros aspectos comerciales. Entre el 2000 y el 2006, las multas aplicadas a las 8 170 violaciones del bloqueo detectadas, ascendió a 8,1 millones de dólares.
Aunque al cierre de la primera etapa de su mandato llevó a vías de hecho la multa de mayor cuantía hasta entonces aplicada contra una entidad extranjera, impuesta contra la Unión de Bancos Suizos (USB) por violaciones de las sanciones contra Cuba y otros países —ascendió al muy significativo monto de cien millones de dólares—, y con ello inaugurar la etapa de grandes multas a entidades bancarias, la administración Bush no se caracterizó por imponer este tipo de penalidad.
Esa asignatura pendiente, la imposición de multas millonarias contra bancos extranjeros, sería en la que más se destacaría su sucesor, Barack Obama.
SE AGUDIZA EL CERCO FINANCIERO
Desde finales del 2009 comenzaron a adoptarse las extraterritoriales medidas de persecución financiera contra Cuba que en realidad caracterizan al gobierno de Barack Obama. Los ejemplos que se mencionan a continuación no abarcan todo el universo de multas impuestas, pero ilustran de manera espeluznante la tendencia que ha prevalecido.
El 16 de diciembre del 2009, el Credit Suisse Bank fue multado por 536 millones de dólares, por violaciones del bloqueo a Cuba y otros países.
Entre marzo del 2010 y abril del 2011 la OFAC había multado a cinco entidades por un monto total de 798 millones 544 171 dólares, de los que 500 millones correspondían al Banco holandés ABN Amro.
Las presiones se encaminaron también contra organismos internacionales de la jerarquía de la Organización de Naciones Unidas. El 15 de julio del 2010 la OFAC informó que la Unión de Crédito Federal de Naciones Unidas fue multada por 500 000 dólares por realizar transacciones financieras no autorizadas con Cuba y, aunque parezca increíble, en enero del 2011 la administración Obama se arrogó el derecho de incautar 4 millones 207 000 dólares del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, destinados a combatir el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) y la tuberculosis en proyectos de cooperación con Cuba.
Un programa con financiamiento del Fondo Mundial del Medio Ambiente, implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presupuestado en un millón 368 dólares, no ha podido iniciarse en Cuba por las mismas presiones gubernamentales estadounidenses.
En el propio año 2011, la OFAC multó a la aseguradora estadounidense Metropolitan Life Insurance Company y al banco alemán, Commerzbank, con un monto total de 198 000 dólares por realizar transacciones financieras no autorizadas relacionadas solamente con Cuba, y le impuso multas a otras tres instituciones por un monto de 89 millones 176 408 dólares, por violar conjuntamente las regulaciones sobre Cuba y otros países.
En junio del 2012, se impuso la multa más alta hasta entonces aplicada. El banco holandés ING se vio obligado a pagar 619 millones de dólares por realizar transacciones financieras con Cuba y otros países. La aplicación extraterritorial del bloqueo también afectaría al Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ de Japón, con una multa de 8 millones 571 634 dólares. En junio de 2013, la institución bancaria italiana Intesa Sanpaolo S.p.A. fue multada por 2 millones 949 030 dólares.
La multa más insólita, calificada por Cuba como “el caso más alarmante y peligroso” (2), estaba por venir. Al banco francés BNP Paribas, uno de los más grandes de Europa y el mundo, se le impuso, el 30 de junio del 2014, una “megamulta” de 8 970 millones de dólares, por violaciones del bloqueo a Cuba y de las sanciones a otros países.
Hasta la fecha, suman 38 la cantidad de entidades multadas por el gobierno de Obama al amparo de las leyes del bloqueo y de las regulaciones derivadas de la arbitraria inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional. El monto acumulado asciende a la gigantesca cifra de 11 559 millones 303 652 dólares. Las afectaciones se extienden a todas las esferas de la vida social y económica de nuestro país, incluidos los pagos de cuotas a organismos internacionales.
A diferencia del gobierno anterior de George W. Bush, que se concentró en individuos que violaban determinadas disposiciones del bloqueo, el rasgo que ha caracterizado a la administración Obama ha sido la imposición de multas millonarias contra bancos e instituciones financieras. Al comparar el impacto de ambas tendencias, no caben dudas de que esta última ha ocasionado mayores daños a la economía y el pueblo cubanos, dado el efecto intimidatorio que ejerce contra los socios comerciales, los bancos extranjeros y otras entidades interesadas en mantener relaciones con Cuba.
En los últimos cinco años, de las 130 acciones extraterritoriales contra entidades o individuos por violar el bloqueo contra Cuba, 81 correspondieron a la esfera financiera. Estados Unidos, en este campo, no vacila en medidas punitivas ni contra sus propios aliados.
Mientras la feroz política de persecución financiera continúa y se fortalece, diversos sectores en Estados Unidos se pronuncian a favor del cambio. Las dos últimas encuestas de más grande repercusión realizadas en Estados Unidos por la prestigiosa institución académica Atlantic Council (febrero del 2014) y la Universidad Internacional de Florida (junio del 2014), demostraron que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y de los cubanos residentes en ese país, especialmente en la Florida, apoyan la normalización de las relaciones entre ambos países.
De igual manera, influyentes tanques pensantes estadounidenses como el Consejo para las Relaciones Exteriores, la Brookings Institution y el Consejo de las Américas/Sociedad de las Américas han realizado propuestas concretas a la Casa Blanca para cambiar sustancialmente la obsoleta y fracasada política hacia nuestro país.
En esta línea se insertan los recientes artículos publicados por el periódico estadounidense The New York Times.
Es hora de que las nefastas manifestaciones de la guerra financiera contra nuestro país sucumban ante estos nuevos reclamos.
* Autor de Bloqueo. El asedio económico más prolongado de la historia, Editorial Capitán San Luis, La Habana, 2003. Primer investigador en el Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.
** Funcionaria del MINREX
(1) Public Law No: 108-177, Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2004. En http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d108:h.r.02417
(2) Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba: “Informe de Cuba sobre la Resolución 68/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’”, julio del 2014
Dairon Martínez Tejeda // Imagen: Logo
Rodny Alcolea Olivares // Foto: RAO
